Un juez federal de la Ciudad de México otorgó un amparo a Salvador Lara Martínez, ex rector de la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas (UPSZ), y ordenó al juez de control del Reclusorio Norte, Orlando Íñiguez Delgadillo, dejar sin efecto la audiencia inicial del 23 de enero pasado y la de continuación del 28 del mismo mes, donde se le formuló imputación y vinculó a proceso, respectivamente, así como reponer el juicio por violaciones al debido procedimiento. La Fiscalía General de la República (FGR) impugnó el fallo.

A Lara Martínez se le acusa de estar vinculado con el millonario desvío de recursos públicos a empresas fachada por medio de contratos que fueron otorgados durante la gestión de Rosario Robles Berlanga al frente de las secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, entre 2012 y 2018, conocido como la Estafa Maestra.

En la revisión de la cuenta pública 2017 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el organismo documentó que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) contrató a la universidad para realizar labores de apoyo a la infraestructura tecnológica de la dependencia federal, para dar soporte a la operación de programas institucionales y garantizar su continuidad.

Sin embargo, la ASF comprobó una serie de irregularidades, entre ellas que la institución carecía de la capacidad técnica para cumplir lo convenido; en el proceso de contratación de la UPSZ no había documentación que justificara entregarle una adjudicación directa; al carecer de gente para prestar adecuadamente los servicios, contrató a 25 personas externas.

Lo anterior derivó en un probable daño patrimonial por más de 8 millones de pesos, advirtió en su momento la ASF. Por este caso, Salvador Lara fue inhabilitado por 20 años para desempeñar cargos públicos.

A finales de octubre se dio a conocer que por desvío de recursos, pagos indebidos y falsificación de documentos, entre otras prácticas detectadas en Sedesol, Sedatu y Sagarpa, había 59 denuncias penales ante la extinta Procuraduría General de la República (PGR).

De acuerdo con la ASF, sobre el estado de solventación de observaciones y acciones promovidas acerca de las entidades fiscalizadas, la PGR tenía en ese entonces 34 denuncias contra Sagarpa, 24 contra Sedesol y una contra Sedatu.

Una de las acusaciones fue precisamente por el contrato que firmaron la Sagarpa y la UPSZ, motivo por el cual en enero pasado el juez de control vinculó a proceso a Lara Martínez.

Pero, debido a las fallas de la fiscalía en la audiencia de vinculación, el juez federal resolvió que se repusiera el procedimiento, ya que, entre otras cosas, el Ministerio Público, al formular la imputación, exponer los datos de prueba para sustentar dicha vinculación y solicitar las medidas cautelares, omitió cumplir con el principio de oralidad, pues las justificaciones correspondientes las realizó en ambas audiencias leyendo en todo momento.

Es decir, no expuso de manera verbal sus argumentos, por lo cual, según el impartidor de justicia, incumplió lo dispuesto en el artículo 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Además, se contravinieron los principios de inmediatez y contradicción del sistema penal acusatorio y oral. Ahora, el juez de control deberá señalar nueva fecha y hora para que se realice otra vez la audiencia inicial.