Buenos Aires. La Cámara de Diputados de Argentina aprobó ayer el proyecto de ley de emergencia alimentaria, que aumenta la ayuda para los comedores a los que acuden personas de bajos recursos que sufren la escalada del precio de los alimentos, en momentos en que organizaciones sociales y sindicales mantenían movilizaciones en varios puntos de la capital en rechazo a las políticas del gobierno.

Mientras la cámara baja aprobó por 222 votos a favor, ninguno en contra y una abstención la iniciativa –que aún debe ser discutida en el Senado–, militantes de organizaciones sociales opositoras al neoliberal presidente Mauricio Macri se congregaron en el Congreso y en otros lugares, donde montaron carpas en las que pasaron la noche.

Junto a las tiendas de campaña instalaron ollas populares para cocinar alimentos que luego repartieron, modalidad de protesta que se viene repitiendo al calor del aumento de los precios y la recesión.

El proyecto aprobado establece que el gobierno debe declarar la emergencia alimentaria hasta finales de 2022 e implica un incremento en la ayuda económica para los comedores comunitarios instalados en instituciones religiosas y educativas en un país en el que pobreza afecta a más de 32 por ciento de la población.

El texto aprobado establece un incremento de emergencia de al menos 50 por ciento de las partidas presupuestarias vigentes para este año, correspondientes a políticas públicas de alimentación y nutrición.

Además, faculta al Ejecutivo a reasignar partidas que podrán actualizarse cada trimestre tomando como referencia la variación del índice de precios al consumidor y la de la canasta básica que informa mensualmente el instituto estatal de estadística.

A los comedores comunitarios acuden cada vez más personas afectadas por la inflación que, según varias estimaciones, superará 50 por ciento este año en un contexto de caída de la actividad económica y de aumento del desempleo.

La exigencia para la aprobación de la ley surgió con la exacerbación de las protestas, luego de la contundente derrota que sufrió el presidente Mauricio Macri ante el kirchnerista Alberto Fernández en las primarias de agosto, de cara a los comicios generales del 27 de octubre, en los que la relección del mandatario está cada vez más en duda.

La devaluación de más de 20 por ciento del peso argentino luego del resultado electoral –que se debió en gran parte al temor de los inversores al regreso al poder del populismo kirchnerista– conllevó un recalentamiento de la inflación. Así, la subida del costo de vida fue de 4 por ciento en agosto, mientras la interanual se ubicó en 54.5 por ciento, según cifras oficiales difundidas ayer.

El sector alimentos y bebidas registró una inflación de 4.5 por ciento en agosto y de 33.3 por ciento en los primeros ocho meses del año.

Página/12 señaló que Macri finalmente dio su visto bueno a la ley emergencia alimentaria, que había bloqueado varias veces, para evitar dar lugar a discursos de campaña que perjudiquen más su imagen, tras la aplastante derrota que le propinó Fernández el mes pasado.

En todo caso, los diputados oficialistas accedieron a debatir luego de que la presión social en las calles aumentó con el correr de las horas.

Activistas sociales que dirigen comedores vecinales sostienen que en los últimos tiempos ha aumentado el número de personas que no pueden comer tres veces al día.

La emergencia alimentaria es reclamada también por la Iglesia católica, sectores empresariales y sindicales y candidatos presidenciales de la oposición.

En este contexto, la justicia pidió al gobierno que revele información sobre el procedimiento por medio del cual el año pasado logró un crédito de 57 mil millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI), en una causa que pone en duda la legitimidad del trato.

En los próximos días, el FMI debe decidir si libera el último tramo del crédito, cuyo otorgamiento no está claro porque algunas de las medidas que Macri tomó en las últimas semanas para lidiar con la feroz crisis –que implicarían un mayor déficit fiscal– podrían ser cuestionadas por el organismo financiero.

El candidato presidencial opositor, Alberto Fernández, favorito para las elecciones de octubre, sostuvo que el acuerdo con el FMI probablemente deba ser revisado.