El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal Ávila, sostuvo que la recién aprobada reforma para combatir la defraudación fiscal que se realiza a través de empresas fantasmas y facturas falsas es constitucional, y pese a los argumentos de la oposición, no viola derechos ni garantías individuales, ya que habrá el debido proceso para quienes incurran en ese ilícito.

El delito de defraudación fiscal se ubica dentro de la delincuencia organizada, explicó, porque se trata de redes criminales que, a través de andamiajes complejos, provocan un desfalco monumental a las arcas públicas, que entre 2014 y 2018 sumó 2 billones de pesos.

Se trata, insistió el legislador, de un atentado contra el sistema tributario y la economía, ya que se pierde 1.4 por ciento del producto interno bruto (PIB), por lo que se trata de un delito contra la seguridad nacional.

Monreal Ávila refutó los argumentos que han esgrimido senadores de PAN, PRI y PRD en cuanto a que la reforma lesionará a todos los contribuyentes y empresarios. No se sanciona a nadie por el simple hecho de no presentar una declaración fiscal anual, pero sí irá a la cárcel quien presente deducciones falsas por millones o defraude al erario a través de facturas falsas, recalcó.

El coordinador de la bancada de Morena hizo notar que la reforma fue acotada, ya que en el caso de un ílícito fiscal, a partir de cerca de 8 millones de pesos no caerá en el supuesto de delincuencia organizada, se le juzgará por defraudación y podrá llevar su proceso en libertad.

La reforma aprobada “no creó a las empresas fantasmas ni a los factureros”; sólo sanciona a defraudadores organizados que evaden contribuciones de forma reiterada.

Expuso asimismo que si bien la delincuencia organizada es un régimen de excepción, su combate no viola garantías individuales, ya que de lo contrario no estaría dentro de la Constitución y avalado por más de 190 países en el mundo.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política recalcó que quienes sean acusados de delincuencia organizada por haber incurrido en defraudación fiscal tendrán garantizado el debido proceso, además de que hay cuatro controles para evitar abusos:

Primero en la vía administrativa; luego ante la Procuraduría Fiscal de la Federación, que formulará la querella; en la Fiscalía General de la República, que investigará el delito, y al final en el Poder Judicial.

Para evitar posibles afectaciones a los contribuyentes, dijo, se otorgó a la Secretaría de Hacienda la facultad exclusiva de interponer las querellas contra defraudadores fiscales. Con ello se evita que servidores públicos pudieran extorsionar a empresas y particulares.

Esa reforma a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, al Código Fiscal y el Código Nacional de Procedimiento Penales, entre otros ordenamientos, es un instrumento para combatir eficazmente a factureros y demás criminales que evaden millonariamente al fisco.

Con lo defraudado en los pasados cuatro años, resaltó, se habrían construido 221 hospitales, 77 segundos pisos como el de Periférico, 118 estadios de beisbol, 295 desniveles como el de Mixcoac-Insurgentes y adquirido 472 mil ambulancias y 663 mil patrullas.