El presidente de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana (Anierm), Gerardo Tajonar Castro, aseguró que este sector celebra la reforma los códigos Fiscal y Penal, así como las leyes federales contra la delincuencia organizada y la de seguridad nacional, para encarcelar de cinco a ocho años de prisión a quienes expidan o compren facturas fiscales falsas.

Consideró que endurecer las sanciones contra quienes expiden comprobantes fiscales falsos, pero también contra las empresas que los adquieren, servirá para poner piso parejo entre todos los participantes del mercado e incentivará la competitividad.

Los negocios que dejan de pagar lo que les corresponde al fisco, explicó, cuentan con recursos o mayores presupuestos para invertir en su crecimiento. Eso les genera más ventajas y ganan mercados a competidores que sí cumplen debidamente con el pago de impuestos, pero que al hacerlo quedan en desventaja.

Son empresas que tienen una competitividad que no es real y contra las que al final de cuentas compiten quienes sí cumplen con sus obligaciones fiscales. Si lo que se intenta es que desaparezca la práctica de que las empresas evadan o eludan el pago de impuestos mediante la compra de facturas falsas para no declarar lo que deberían, entonces todas vamos a tener el piso más nivelado y se va a competir al tú por tú, dijo.

Acotó que a los asociados de la Anierm, al igual que otros organismos empresariales, les preocupa la manera como las autoridades instrumentarán esos cambios fiscales y penales para no incurrir en excesos y evitar que se convierta en un sistema de control del gobierno.

Si la instrumentación es pareja para todos, yo creo que en el sector estamos más de acuerdo con estos esquemas de competitividad de tipo fiscal, señaló Tajonar Castro.

Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes, calculó que entre 10 y 15 por ciento de los establecimientos de este gremio, los que venden bebidas alcóholicas o tienen minisúperes, sí podrían verse afectados con los cambios legislativos mencionados y que elevan la evasión fiscal al rango de delincuencia organizada.

Recordó que, en general, los pequeños comerciantes ni siquiera facturan, porque la mayoría son informales y sus negocios llegan a ser de supervivencia, pero advirtió del riesgo que el gobierno federal criminalice y penalice lo que puede ser un error contable o fiscal si alguien recibe una factura falsa sin saberlo y lo equipare a un delito, cuando ambos son diferentes por la intencionalidad del segundo.