La vida de los migrantes estará cada vez más en riesgo, luego de que la Suprema Corte de Estados Unidos permitió temporalmente a la administración del presidente Donald Trump negar el asilo a la mayoría de los solicitantes centroamericanos, alertó la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola, por sus siglas en inglés).

La organización advirtió que la norma está dirigida principalmente a los centroamericanos solicitantes de asilo que viajan a través de México huyendo de la violencia, la pobreza y la corrupción. No obstante, también impactará a los solicitantes que provienen de Sudamérica y otros continentes.

A pesar de las serias dudas que existen sobre su legalidad, esta regla es indicativa de la indiferencia de la administración Trump para abordar la crisis humanitaria de América Central. En lugar de abordar los problemas que obligan a las personas a huir, la administración del magnate se compromete a detener el flujo de migrantes de cualquier forma, independientemente de cómo las políticas estadunidenses puedan causar sufrimiento masivo y violen las obligaciones legales nacionales e internacionales sobre asilo.

El flujo no cesa; sólo buscan nuevas rutas

Wola argumenta que, según investigaciones propias, las políticas de disuasión severas y draconianas hacen poco para detener los flujos migratorios; sólo empujan a las personas en situación de movilidad a tomar nuevas rutas más peligrosas.

Una solución efectiva a largo plazo para esta crisis humanitaria en la frontera y en toda la región requiere invertir en los problemas subyacentes que impulsan la migración, es decir, la mala gobernanza, la falta de oportunidades económicas y los desastres del cambio climático en los países de América Central.

Si Estados Unidos obliga a los solicitantes de asilo a pedir protección en países que no están preparados para procesarlos de manera efectiva o mantenerlos a salvo, entonces ignora sus obligaciones en virtud del derecho nacional e internacional en la materia.

Mientras la administración estadunidense habla de defender el estado de derecho en la frontera, viola gravemente el derecho internacional, al forzar a las personas que requieren asilo a ponerse en peligro.