Tras la denuncia del supuesto montaje realizado por la policía estatal de Tamaulipas –con participación del Ejército– para ocultar la ejecución extrajudicial de ocho personas en Nuevo Laredo, los familiares de las víctimas y los luchadores sociales que los acompañan han comenzado a sufrir actos intimidatorios, entre ellos la instalación de retenes policiacos afuera de sus domicilios.

Así lo informó el presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL), Raymundo Ramos, quien afirmó que lo ocurrido en dicha ciudad puede equipararse a la masacre de Tlatlaya –en la que 22 civiles desarmados fueron ejecutados por el Ejército en 2014–, pero hecha de forma todavía más burda.

En charla con La Jornada, el activista indicó que el pasado martes, cuando la familia de una de las personas fallecidas velaba el cuerpo de su ser querido en la colonia Valles Anáhuac, se instaló un retén de policías estatales justo afuera de su domicilio.

Eso mismo ocurrió frente o muy cerca de la casa del chofer de una grúa que supuestamente fue utilizada para sembrar una camioneta en el lugar donde habría ocurrido la ejecución extrajudicial –y que la policía reportó como un enfrentamiento–, así como en la vivienda del propio Raymundo Ramos.

¿Qué debemos entender? ¿Cuál es el mensaje? Que ya saben dónde vivimos y que pueden ir y agredir de forma impune, porque nadie les va a hacer nada porque ellos son la autoridad, cuestionó el coordinador del CDHNL.

El gobernador panista no ha brindado seguridad

Dicho clima de intimidación ha sido posible en gran medida porque el gobernador de Tamaulipas, el panista Francisco García Cabeza de Vaca, no se ha molestado en preocuparse por la seguridad de las familias y los testigos, ni ha hecho un compromiso público de que no van a sufrir represalias por denunciar el supuesto montaje.

Ramos destacó que pedirán a la Fiscalía General de la República que atraiga el caso, para que se realice una investigación independiente de la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas, y recordó que el Ejército también tuvo un rol importante en el presunto ocultamiento de la ejecución extrajudicial.

En el lugar de los hechos participó el Ejército con el acordonamiento del sitio, pero también con el traslado del vehículo supuestamente usado por los sicarios (durante el presunto enfrentamiento). Al momento de acordonar y de no permitirle el paso más que a una grúa que llevó esa camioneta, ellos adquieren responsabilidad jurídica, recalcó.Igual de grave, pero más burdo

Al preguntársele si lo ocurrido en Nuevo Laredo se puede equiparar a la ejecución extrajudicial de 22 civiles a manos del Ejército en el municipio de Tlatlaya, Ramos estimó que el caso es igual de grave que aquel, pero hecho de forma todavía más burda, por las evidencias de manipulación de los cadáveres y las armas.