Pachuca, Hgo., Habitantes de las siete comunidades afectadas por la contaminación del río Claro, junto con los alcaldes de Molango, Tepehuacán de Guerrero y Lolotla, solicitaron que la Universidad Autónoma de Chapingo (Uach), haga un análisis del agua del cauce para determinar el grado de afectación atribuida a la minera Autlán en sus poblados.

Lo anterior, durante una reunión con diputados estatales, a quienes pidieron su intervención para obligar a la empresa a resarcir los daños ecológicos que, dijeron, han generado los procesos de extracción de manganeso.

La empresa niega culpa

En tanto, la empresa Autlán afirmó en un comunicado que después de un análisis que hicieron sus laboratorios de los sedimentos del río se determinó que no son generados por la minera. No es correcto atribur a Autlán la presunta contaminación del río Claro por parte de habitantes de los municipios de Tepehuacán de Guerrero, Lolotla y Molango de Escamilla; los sedimentos del río no corresponden a ninguno de los productos, subproductos ni residuos de nuestros procesos, precisó la minera.

A la reunión asistieron los diputados Víctor Osmind Guerrero, Rosalba Calva y José Luis Silva de Morena; Griselda Bautista Paredes, representante legal del Movimiento Ambientalista de la Sierra Hidalguense, los comisionados de los pueblos afectados y los alcaldes de Molango, Raúl Lozano Cano; Tepehuacán, Rosendo Hernández Manilla, y Lolotla, Jorge Bustos Bautista.

Ahí, Griselda Bautista dijo que se eligió a la Uach porque no toma preferencia por ninguna de las partes en conflicto. Además, los estudios que presentó la compañía siempre serán favorables a la misma. Propuso además, obligar a la empresa a instalar plantas para limpiar el agua, entre otras acciones para resarcir las afectaciones en el entorno ecológico.

En la asamblea también se trató el conflicto de los transportistas con la empresa, porque los primeros mantienen un bloqueo desde hace una semana, en demanda de contratos para acarreo de material de la mina.

Aunque la legisladora local Rosalba Calva propuso separar los temas, Bautista Paredes señaló que la exigencia de trabajo de los transportistas se sustenta en que viven en las zonas afectadas por la extracción de minerales, y la compañía –con más de 60 años en la región de la Sierra hidalguense– no da empleos suficientes a los pobladores que sufren los daños de la contaminación.

En cuanto al bloqueo, la representante legal dijo que es consecuencia de la falta de atención que por décadas han tenido los pobladores de la región por parte de las autoridades estatales para resolver el problema de la contaminación.

Al final, Guerrero Trejo, diputado local, propuso la realización de otra mesa de trabajo con especialistas en medio ambiente para buscar una solución al conflicto.