Entre quienes se oponen a la construcción de la línea 1 del Cablebús hay un grupo de transportistas que alegan ser afectados por el nuevo sistema de movilidad, señalaron fuentes del Gobierno de la Ciudad de México.

Se trata, dijeron, de integrantes de la ruta 18 de transporte público, del ramal Indios Verdes-Cuautepec, es decir, el mismo trayecto que tendrá el Cablebús en Gustavo A. Madero, ue temen ver disminuido el número de pasajeros.

Aunque admitieron que también hay vecinos que se resisten a vender sus predios, las fuentes consultadas afirmaron que éstos son los menos y que la mayoría está de acuerdo con la obra, pero que son los transportistas los que están generando más ruido.

En ese sentido, manifestaron que el gobierno continuará con las mesas de diálogo con todos los grupos que se han manifestado contra el Cablebús y confiaron en que se encontrará una solución al conflicto y no afectar los trabajos que iniciaron de manera formal la semana pasada.

Como parte de las obras de la línea 1 del Cablebús, se deberán instalar al menos 65 soportes, por lo que es necesario intervenir por lo menos un predio por cada uno, de los cuales en algunos casos, los propietarios se niegan a vender.

Lo anterior fue admitido por el coordinador del Órgano Regulador de Transporte (ORT), Pavel Sosa Martínez, cuando se inició de manera oficial la obra, quien agregó que se dialoga con esas personas para convencerlas.

Al señalar que 30 por ciento de los predios a intervenir son del gobierno local y que del resto ya se concretó la adquisición de una tercera parte, el funcionario manifestó que en caso de no llegar a un acuerdo y no se logre concretar la compra de esos terrenos, "cambiamos el soporte".

Ante esta situación, el pasado fin de semana un grupo de vecinos del pueblo de Cuautepec, en Gustavo A. Madero, se declararon "en resistencia ciudadana pacífica” contra lo que llamaron la imposición autoritaria del gobierno de la ciudad y de la alcaldía, a los que acusaron de pretender desalojarlos de su hogares para construir el Cablebús.

Al señalar que fueron notificados de que deberán salir de sus viviendas en un plazo de tres meses, los inconformes manifestaron que para avalar la construcción se valieron de grupos afines a Morena con una consulta ciudadana que no cumplió con los procedimientos de ley, ya que no se les informó con claridad sobre el proyecto y las afectaciones a la comunidad.