Villahermosa, Tab., La Fiscalía General del Estado (FGE) investiga al ex gobernador Arturo Núñez Jiménez y a su esposa, la ex presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Martha Lilia López Aguilera, por el presunto delito de peculado y los que resulten, derivado de dos denuncias interpuestas por diputados locales ante el quebranto financiero detectado en la cuenta pública de 2018.

Aunque la fiscalía señaló inicialmente que desconocía si había denuncia contra el ex gobernador, confirmó que existen dos y que incluyen a funcionarios de primer nivel de la administración que encabezó el político perredista.

En un comunicado difundido la noche del lunes, la dependencia señaló que la primera denuncia fue interpuesta por dos diputados, uno del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y otro que en ese momento pertenecía a la bancada del Partido Verde Ecologista de México y ahora es legislador independiente.

La segunda y más reciente fue presentada por integrantes de la fracción parlamentaria del PRI ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción el 16 de febrero de 2019.

No obstante la demanda del PRI, la mayoría de los diputados del partido Morena, que gobierna el estado, aprobaron la cuenta pública, pese a la inconformidad de algunos sectores de la población.

En su comunicado del lunes, la FGE expuso que ante el interés público por conocer las denuncias en contra de ex funcionarios de la administración estatal pasada, la institución garantizó plena observancia al debido proceso y que cumplirá su obligación de transparentar su actuar.

Este martes el coordinador de los diputados del PRI, Gerald Washington Herrera, dijo que será respetuoso del trabajo que realice la FGE en contra del ex mandatario estatal.

El morenista Rafael Sánchez Cabrales, presidente de la Cámara de Diputados, expresó: Las investigaciones contra Núñez no tienen precedente, porque en pocas ocasiones se había investigado a un ex gobernador por delitos de carácter estatal.

Mientras, el secretario de Gobierno, Marcos Rosendo Medina Filigrana, pidió dejar a las autoridades hacer su trabajo, pues en el caso del ex gobernador estas investigaciones son complejas debido a que no son nada más procesos administrativos, sino en ocasiones requieren de un peritaje contable.

Sin solventar, el uso de $104 millones en el Poder Judicial

Al revisar la cuenta pública 2018 del Poder Judicial de Tabasco, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE) detectó que sólo había solventado cinco de 36 observaciones que le fueron hechas; las 31 restantes involucran un monto de 104 millones 81 mil 667 pesos.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Enrique Priego Oropeza, aclaró que la auditoría fue realizada por el OSFE, nosotros (sólo) recibimos y proporcionamos los documentos que ellos requirieron, señaló.