A dos meses de que se realice la designación de quien ocupará la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para los próximos cinco años, organizaciones civiles, defensores de garantías fundamentales y académicos demandaron al Senado garantizar una designación abierta y transparente que genere confianza sobre la persona que encabezará dicha instancia.

Frente a la grave crisis que vive México en la materia, indicaron que se debe garantizar que el proceso que encabezará el Senado concluya con el nombramiento de una persona con un perfil con amplio conocimiento en derechos humanos y con demostrada independencia e imparcialidad para estar al frente de la institución, precisamente por la enorme responsabilidad y relevancia de la CNDH.

Presentan posicionamiento

En conferencia de prensa, Miguel Concha, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria; Tania Reneaum, directora de Amnistía Internacional México; Consuelo González, de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, y Fernando Ríos, secretario ejecutivo de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, dieron a conocer el posicionamiento firmado por 116 organizaciones civiles y personas a título personal ante el proceso de designación, la cual debe darse a mediados de noviembre.

Es de señalar que el actual ombudsman, Luis Raúl González Pérez, podría participar en el proceso en búsqueda de un segundo y último periodo.

Las más de 40 mil personas desaparecidas, los más de 300 mil homicidios perpetrados, las 3 mil fosas clandestinas, los 26 mil cuerpos sin identificar y los nueve asesinatos de mujeres que suceden, en promedio, cada día, ponen en evidencia la crítica situación del país, y hacen indispensable que quien presida la CNDH cuente con un perfil idóneo, indicaron.

“Los Principios de París –que se refieren al funcionamiento de las instituciones nacionales de protección y promoción de los derechos humanos– establecen que el nombramiento de sus titulares deberá ajustarse a un procedimiento que ofrezca todas las garantías necesarias para asegurar la representación pluralista de las fuerzas sociales interesadas en la promoción y protección de los derechos humanos, en particular mediante facultades que permitan lograr la participación'.