En el informe previo de gestión, correspondiente al primer semestre del año, el Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE) identificó, de nueva cuenta, la contratación de terceros para realizar servicios que puede hacer personal del mismo organismo. Detectó, además, una línea de acción que, dijo, no es acorde con el combate a la corrupción y la impunidad, pues en muchos asuntos debió conocer y hacer una investigación exhaustiva, pero de forma sistemática se dio vista a otras áreas de la institución.

En el documento que será presentado este miércoles al pleno del Consejo General del INE, dio cuenta de que la sala superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa validó la resolución en la que acreditó un daño al patrimonio de esa institución por 124.6 millones de pesos debido a irregularidades detectadas en la adquisición de un inmueble en Acoxpa, alcaldía Tlalpan.

También informó que las salas regionales del tribunal ratificaron las destituciones de funcionarios, su inhabilitación hasta por cinco años y la imposición de sanciones económicas por 18.7 millones de pesos, debido a anomalías detectadas en las remodelaciones de sus instalaciones en Acoxpa, Tlalpan, Tláhuac y Jalisco.

El órgano de control explicó que en el primer caso espera que cause estado la resolución, para remitirlo a la Secretaría de Hacienda y que ésta haga efectiva la sanción impuesta al servidor público equivalente al daño patrimonial detectado.

La instancia revisora denunció, asimismo, que después de varios años le han dado vista de hechos que debieron notificarle de inmediato, por lo que establecerá mecanismos para evitar ese retraso.

De igual manera, señaló haber encontrado imprecisiones en la población objetivo a credencializar en el exterior. Por una parte, la Estrategia Integral de Promoción del Voto de los Mexicanos residentes en el Extranjero identificó 35.3 millones de connacionales, mientras la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores aludió al dato del Consejo Nacional de Población de 11.5 millones, lo que originó una discrepancia de 23.8 millones en el universo de la población a credencializar.

Asimismo, encontró ineficacia e ineficiencia en la entrega, activación, devolución y renvío de la mica para votar, ya que de los 35.3 millones de personas consignadas en la estrategia, sólo se enviaron 315 mil 789 credenciales, y de éstas sólo 178 mil 203 fueron activadas, es decir, 0.5 por ciento. Si se considera una población de 11.6 millones, se habría alcanzado 1.5 por ciento.