uvo un aterrizaje forzado el tema de la primer oficial de una línea aérea que desde una cuenta de redes sociales habló de que debería dejar caer una bomba en el Zócalo durante las celebraciones patrias encabezadas por el presidente López Obrador: su propia empresa movió de asignación laboral a Jimena García, primer oficial de vuelo que desató una intensa actividad en el mundillo de las opiniones internéticas polarizadas y, de paso, a otra empleada de Interjet, Gabriela García Garza, quien se había solidarizado con las expresiones de Jimena.

Aun cuando las palabras de la piloto podrían haber sido tomadas con ligereza, generaron una intensa discusión pública cargada de pasiones partidistas e ideológicas. Y develaron la franja de odiadores del obradorismo que sugieren o abiertamente proclaman la posibilidad de armar acciones violentas para terminar con el proceso político en curso, llamado la Cuarta Transformación y, físicamente, con su máximo dirigente que hoy ocupa el cargo público de mayor responsabilidad en el país.

Como reacción a esas expresiones clasistas, discriminatorias y con frecuencia abiertamente convocantes al magnicidio, se levantó en Twitter una oleada de expresiones de rechazo a lo escrito específicamente por la mencionada empleada aeronáutica García. En contrapartida, otras cuentas defendieron a la primer oficial de Interjet y se opusieron a que hubiera castigos laborales.

El tema llegó a la mañanera conferencia de prensa del presidente López Obrador, quien prefirió esperar que se aclarara el panorama. Tal esclarecimiento vino horas después, con las disculpas de Jimena a través de un video y el anuncio de Interjet de cambios en la adscripción de las dos colaboradoras envueltas en la polémica. Tal vez el preocupante saldo de este episodio sea el haber puesto a los mexicanos a hablar de las posibilidades de ataques físicos contra el presidente de México y sus seguidores.

En el partido Morena también sigue la batalla. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia determinó que no hay forma estatutaria de realizar la próxima elección de dirigente de esa organización mediante encuestas de opinión. La fórmula había sido propuesta por el fundador y jefe extraoficial del partido, Andrés Manuel López Obrador, para tratar de evitar las estruendosas pugnas internas que en el Partido de la Revolución Democrática se volvieron institucionales y que ahora renacen en su sustituto.

Las encuestas de opinión, usualmente manejadas con un amplio rango de discrecionalidad, concentrarían el poder de decisión respecto a candidaturas en quien hoy ocupa Palacio Nacional. Pero los estatutos partidistas no permiten su aplicación, así que deberá de recurrirse a las asambleas o a la habilitación de algún subterfugio que no sea impugnable en tribunales electorales. Dos de los aspirantes a esa presidencia partidista, Yeidckol Polevnsky y Mario Delgado, se acogieron a la propuesta de encuestas en cuanto AMLO había terminado de hablar de ellas. Bertha Yáñez, considerada la candidata oficial al cargo, consultó a la mencionada comisión de honestidad y justicia. En Morena, ¡las asambleas viven, la lucha (interna) sigue!

Rosario Robles Berlanga fue inhabilitada por diez años para ocupar cargos públicos, según resolución de la Secretaría de la Función Pública. Es difícil pensar que en la siguiente década hubiera una nueva oportunidad de trabajo en el servicio público para la ex secretaria del gabinete peñista que ahora está encarcelada en razón de las múltiples irregularidades e indicios delictivos detectadas en los periodos en los que fue alta funcionaria. Hoy, por la mañana, la hija de Rosario, Mariana Moguel Robles, quien fue presidenta del Partido Revolucionario Institucional en la Ciudad de México, ofrecerá una conferencia de prensa para fijar la postura de la política presa.

Y, mientras hoy se cumple un aniversario más de los sismos históricos, ¡hasta mañana, con Peña Nieto y su novia en disfraces, disfrutando de la vida en Nueva York!

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