Aunque la Fiscalía General de la República (FGR) tiene la posibilidad de mantener en prisión a tres de los que se consideran principales involucrados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, a través de recursos de apelación, en las próximas semanas podría concretarse la liberación de Sidronio Casarrubias Salgado, uno de los más altos jefes del cártel Guerreros Unidos, y María de los Ángeles Pineda Villa, esposa José Luis Abarca, ex presidente municipal de Iguala, mientras este último seguiría preso únicamente por lo que hace a un caso de homicidio en contra de dos activistas sociales, pero ya nada que lo relacione con el caso Iguala.

La sentencia dictada dentro de la causa penal 66/2015, de la cual posee una copia La Jornada, fue dictada por Juan Manuel Trespalacios Castán, secretario del juzgado primero de distrito de procesos penales federales en Tamaulipas, en funciones de juez, y en su resolución asegura que los datos de prueba aportados por la FGR son insuficientes para conducir a la certeza de la existencia de un grupo de tres o más personas organizadas.

Agrega: “no debe entenderse en el sentido de que no existe la organización criminal Guerrros Unidos, ni que los hechos que consignó el fiscal no hubiesen sucedido, sino que las pruebas que fueron lícitamente aportadas no lo demuestran y por ello deben decretarse la absolución de los inculpados”.

De la página 14 a la 22, el Ministerio Público aportó 81 declaraciones ministeriales, en las cuales se mencionaron nombres de integrantes de Guerreros Unidos, participantes en la retención y posterior desaparición de los normalistas, de las cuales 50 fueron anuladas porque se consideró que se acusó de forma indebida a los imputados, porque no fueron aprehendidos en flagrancia, sino con base en órdenes de localización y presentación.

No había flagrancia

En ese contexto, el secretario en funciones de juez señaló que para demostrar que había flagrancia, el Ministerio Público, en términos no estrictamente dogmáticos-jurídicos, tenía que resplandecer de manera evidente que el detenido mantenía cautivas a las víctimas del delito, lo que obviamente no era así; lo anterior, a pesar de que la autoridad argumentó que el delito de secuestro es un ílicito continuado y que en las testimoniales aportadas se mencionó que los normalistas habían sido asesinados.

De igual manera, en más de 25 casos Trespalacios Castán determinó que las aprehensiones fueron ilegales porque las autoridades que las llevaron a cabo debían informar a cada uno de ellos que tenían que haber hecho saber a los presuntos delincuentes que les asistía el derecho a no acompañar a los captores y que éstos debían decidir si acudirían, y en caso de no aceptar debían dejarlos que continuaran con sus actividades habituales.

Entre las pruebas no aceptadas y con las cuales el Ministerio Público Federal pretendió acreditar que existió la privación ilegal de la libertad y posterior homicidio, pero a las que no les dio valor probatorio, están los peritajes realizados en la Universidad de Innsbruck, Austria, con los cuales se identificó que entre los restos óseos encontrados uno petenecía a Alexander Mora Venancio.

De igual manera, consideró no aptas para esta sentencia las grabaciones realizadas mediante intervención telefónica por autoridades estadunidenses, en las cuales líderes de Guerreros Unidos en Estados Unidos daban cuenta de lo sucedido en Iguala los días 26 y 27 de septiembre de 2014. Tampoco se dio valor probatorio a las declaraciones rendidas por siete jóvenes estudiantes que fueron víctimas en esas fechas de las agresiones de policías municipales y miembros de Guerreros Unidos que fueron señalados responsables de la desaparición de los 43 normalistas.

La FGR citará a ex funcionarios federales y de Guerrero para hablar de lo sucedido a los 43 estudiantes, hasta que se hayan definido de manera específica las líneas de investigación que se seguirán con cada testimonio.

Hasta el momento no se ha girado ningún citatorio para ex servidores públicos, como el ex gobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero, quien ayer compareció ante la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa.

(Con información de Eduardo Murillo)