Alfredo Lozoya Santillán, presidente municipal de Hidalgo del Parral, Chihuahua, y directivos de la Red por los Derechos de la Infancia (Redim) y del Grupo de Información en Reproducción Asistida (Gire) manifestaron su oposición a la determinación de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva en salas y no en el pleno la controversia constitucional contra los cambios al programa federal de estancias infantiles.

Lozoya Santillán afirmó que la relevancia del tema amerita que sea decidido por los 11 ministros del pleno y no la primera sala, donde sólo votan sus cinco integrantes.

El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, encargado de analizar la controversia, desestimó todas las pruebas presentadas por el ayuntamiento quejoso, debido a que se trataba de testimoniales y peritajes inadmisibles conforme al procedimiento jurídico, pues la SCJN no basa sus decisiones en razones técnicas, sino estrictamente legales.

Ante esta decisión, Hidalgo del Parral presentó un recurso de queja con el cual busca revertir el de-sechamiento de sus pruebas.

Este miércoles, la Redim y el Gire presentaron ante la SCJN un amicus curiae en apoyo a la controversia promovida por el ayuntamiento de Chihuahua.

El director ejecutivo de Redim, Juan Martín Pérez García, afirmó que las reformas al programa implicaron el recorte de 50 por ciento a su presupuesto original, que era de 4 mil millones de pesos, lo que –dijo– afecta a los niños y adolescentes, que constituyen 31 por ciento de la población del país.

Sostuvo que la mitad de las 300 mil estancias infantiles que funcionaban con el financiamiento de este programa federal han tenido que cerrar o recortar sus servicios.

Alex Alí Méndez Díaz, abogado de Gire, criticó la decisión de bajar la resolución de esta controversia a la primera sala de la SCJN, ya que –explicó– de esta manera no sería público el debate, como sí ocurre en el pleno.