Buenos Aires. El juez federal Claudio Bonadío decidió cerrar la investigación y enviar a juicio oral la causa de las fotocopias de los cuadernos; volvió a pedir el desafuero y prisión preventiva de la ex presidenta y actual candidata a la vicepresidencia Cristina Fernández, quien es acusada por el funcionario judicial de ser la “jefa de una asociación ilícita que se dedicó a la recaudación de ‘fondos ilegales’”.

Se trata de una medida absolutamente electoralista que trata de favorecer, con una participación activa de la justicia, al presidente Mauricio Macri en su intento de revertir los resultados de las recientes elecciones primarias, que lo dejaron en un lejano segundo lugar; el magistrado sólo tiene como pruebas contra Fernández testimonios a partir de fotocopias de cuadernos de un ex chofer del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, que se obtuvieron bajo extorsión y amenazas.

La ex presidenta ha solicitado varias veces ir a juicio oral, porque allí las defensas de todos los acusados podrán exponer la ilegalidad que hay detrás de esta causa, una de las tantas utilizadas como forma de persecución política contra los opositores.

El magistrado, alineado con los intereses electorales de Cambiemos, decidió elevar a juicio oral la causa a pesar de las innumerables irregularidades que presenta el caso y las denuncias por presunta extorsión contra el fiscal que impulsó la causa, Carlos Stornelli, por utilizar la figura del arrepentido para manipular la declaración de los empresarios mencionados en esos cuadernos que escribió el chofer Óscar Centeno, señaló el portal El Destape.

Entre los principales acusados de esta causa, montada sobre fotocopias nunca certificadas de cuadernos que fueron quemados, se encuentran el ex ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, y su número dos, Roberto Baratta.