Aunque en las dos Cámaras del Congreso federal ya existen algunas regulaciones para las actividades de cabildeo, todavía es necesario avanzar mucho más en el fortalecimiento de los controles de dichos grupos, porque sino no habrá manera de saber si los legisladores pueden incurrir en un posible conflicto de intereses.

Así lo afirmó Roberto Moreno, director general de riesgos y política pública de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), quien subrayó que aunque el cabildeo no necesariamente implica un acto indebido, es necesario establecer normas claras para evitar que los servidores públicos reciban una influencia indebida de sectores económicos poderosos.

En entrevista con La Jornada, el funcionario recalcó que el cabildeo es una práctica que no debe tratar de erradicarse como si implicara siempre un acercamiento ilícito, ya que incluso el artículo 8 constitucional establece el derecho a la petición, pero señaló que dicha actividad debe transparentarse al máximo para rendir cuentas y evitar suspicacias.

Al acercarse a legisladores u organismos autónomos, una empresa busca maximizar sus ganancias privadas y éstas pueden ir en contra del bienestar social. Si esto no está regulado, puedes caer en un conflicto de intereses y hacer normativas que vayan en contra de la salud o el medio ambiente.

Al planteársele el ejemplo del cabildeo que empresas privadas realizaron en la Cámara de Diputados e incluso en la Secretaría de Gobernación para evitar que se etiquetara la llamada comida chatarra y las bebidas hechas con edulcorantes, Moreno indicó que este tipo de procesos deben hacerse frente a la sociedad para llegar a una decisión informada.

En el caso de Chile, por ejemplo, algunas empresas aceptaron sacar del mercado un cereal con contenido excesivo de azúcar, luego de un diálogo abierto sobre el tema. Lejos de que haya una pelea entre el legislador o el grupo técnico y el sector privado, lo que haces es llegar a una decisión que maximice el bienestar social, apuntó.

En ese contexto, el funcionario federal recordó que una de las propuestas que forman parte de la Política Nacional Anticorrupción –la cual podría aprobarse a finales del año– es crear un registro nacional de cabilderos y definir claramente sus formas de operación, así como definir códigos de ética y posibles sanciones por incumplimiento.

Lo anterior es especialmente necesario, dijo, porque de acuerdo con el Diagnóstico de Parlamento Abierto en México, hay un nulo avance en temas como publicar una lista de casos de conflicto en las legislaturas, hacer un registro público actualizado de las declaraciones de interés de los congresistas y publicar un registro de actividades de cabildeo con nombres, fechas, asuntos y acuerdos.

Cabildeo no significa necesariamente conflicto de interés y eso es algo que a veces los medios informativos mezclan, pero mientras no tengas una normativa (sobre el tema) y no transparentes el diálogo, se crea un área totalmente gris y sin duda lo que estamos incentivando que pueda existir opacidad, alertó.