El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, reveló que se están analizando 150 denuncias con 10 asuntos que involucran a 149 empresas que realizan actos de corrupción con la emisión de facturas falsas.

Adicionalmente, informó que en el caso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) después de la investigación a la gestión anterior se van a presentar las denuncias correspondientes. 

En torno al Consejo Mexicano de Promoción Turística hay transferencias por más de 3 mil millones de pesos a cuentas propias y a empresa en Estados Unidos y estamos rastreando la información para presentar la denuncia correspondiente en razón de que hay un alto grado de corrupción. Esto, dijo, se trabajó en conjunto con la Secretaría de Turismo y con el propio secretario Miguel Torruco Márquez y se presentarán a la brevedad.

Nieto Castillo recordó que derivado de recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para que se incluyan en las  actividades vulnerables  a los clubes deportivos y sus directores por ser susceptibles a presuntas prácticas de lavado de dinero, en la evaluación de riesgo se identificó que esto está ocurriendo. Ahora, la intención es mandar el mensaje de que no hay tolerancia a la corrupción.

Por otro lado, precisó que en términos generales hasta el 15 de septiembre de este año se han presentado 125 denuncias en retiros más de 179 mil millones de pesos  y en depósitos  142 mil millones de pesos. Además hay más de 5 mil millones de pesos bloqueados en el sector financiero.

Señaló lo anterior en conferencia de prensa en la sede del Servicio de Administración Tributaria (SAT), después de participar en una reunión con representantes de las principales cámaras empresariales, a excepción de la Coparmex, en la que participaron la titular del SAT, Margarita Ríos Farjat, y el procurador fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, así como el legislador Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, entre otros.

Por su parte, Carlos Romero Aranda, procurador fiscal de la Federación, destacó que la reciente aprobación por parte del Senado y en análisis en la Cámara de Diputados de la ley en contra de las empresas factureras es una señal inequívoca que va en el camino correcto y busca combatir a las cabezas criminales. La intención es mandarles el mensaje de que se acabó la fiesta.

Terminar con la corrupción, agregó, es un paso importante porque estaban involucrados el sector público y privado. Vamos a proteger a los empresarios de la competencia desleal contra quienes no pagan impuestos, ni contribuciones a la seguridad social. Irán a la cárcel los grandes defraudadores.

El nivel de riesgo en las pasadas dos décadas había bajado y le perdieron el miedo al fisco y empezaron a hacer relaciones en contra de la ley. Vamos a ser cuidadosos e implacables en caso de defraudación fiscal, sentenció.

Manifestó que el mensaje a los empresarios es que no son parte del problema pero sí de la solución.