Se impedirá que un mandatario solicite licencia para asumir otro cargo de elección popular y luego regrese
Miércoles 25 de septiembre de 2019, p. 19
San Cristóbal de Las Casas, Chis., El Congreso local aprobó ayer una iniciativa enviada por el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, del partido Morena, para reformar el artículo 52 de la Constitución Política del Estado de Chiapas, con lo que se impedirá entre otras cosas que un mandatario solicite licencia para asumir otro cargo de elección popular y luego regrese, como lo hizo recientemente Manuel Velasco Coello.
La legislatura anterior reformó, el 30 de agosto de 2018, el artículo 52 de la Constitución para permitir que Velasco Coello solicitara licencia y rindiera protesta como senador, y luego de unos días retomara el Poder Ejecutivo.
Las modificaciones aprobadas este martes establecen un plazo de al menos 120 días antes del día de una elección para que los aspirantes renuncien o se separen de cualquier empleo, cargo o comisión en los gobiernos federal, estatal o municipal; y en los casos de cargos de elección popular, deberán obtener la licencia respectiva en el plazo señalado.
Asimismo indican que un mandatario por elección popular, sin excepción, no podrá dejar el cargo y ocuparlo nuevamente en el mismo periodo por el cual fue electo.
La diputada del PRI, Haydee Ocampo Olvera, señaló que el artículo 116, fracción I, tercer párrafo de la Constitución federal dispone que los gobernadores de los estados, cuyo origen sea la elección popular ordinaria o extraordinaria, en ningún caso y por ningún motivo podrán volver a ocupar ese cargo, ni aún con el carácter de interinos, provisionales, sustitutos o encargados del despacho
, como sucedió con Velasco Coello, quien tomó posesión como senador el pasado 5 de este mes, después de un año de solicitar licencia para concluir su periodo como gobernador el 7 de diciembre anterior.
El diputado del Partido del Trabajo, Octavio García Macías, dijo que era necesaria la reforma para retomar la confianza del pueblo chiapaneco que fue agraviado mediante la reforma al artículo 52, que daba garantías para violentar los derechos electorales
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