Las alertas de violencia de género en el país (al momento 18 entidades tienen este señalamiento) no funcionan porque carecen de indicadores de cumplimiento y de sanciones para los funcionarios omisos, pero sobre todo porque no se ha atendido a profundidad las agresiones dentro de la familia, advirtió la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Candelaria Ochoa.

El mayor problema en esta materia, dijo a La Jornada, no son las agresiones del crimen organizado, de por sí graves, sino la violencia en el hogar: siete de cada 10 mujeres han sido agredidas y, de las afectadas, la mayoría fue violentada en su casa.

En consecuencia, el gasto en salud es altísimo, por lesiones, principalmente nariz quebrada y brazos y costillas rotas. Sin embargo, no hay un registro que permita cotejar estos episodios hospitalarios con las denuncias ante el Ministerio Público.

La estrategia tiene que ir a las familias, subrayó en entrevista.

Para ello se trabaja ya con las secretarías de Bienestar y del Trabajo, en particular con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, porque es necesario llegar a las familias de manera muy directa.

Puso por ejemplo la incidencia delictiva en la Ciudad de México, donde el registro más alto no es el feminicidio sino la violencia intrafamiliar, las lesiones.

Esta semana, la titular de la Conavim se reunió con la directora de Equidad de Género de la Secretaría de Salud para volver al registro de esta problemática.

Es necesario, agregó, tomar en cuenta el impacto económico de las lesiones a mujeres.

“Estudios de la Conavim muestran que ese gasto es altísimo, muchísimo mayor al presupuesto de los centros de justicia para atender a más mujeres.

Millones que se gastan en atender nariz quebrada, brazo y costillas rotas, ojo morado, piernas lesionadas, es decir, es altísimo el costo en los centros de salud para atender la violencia contra las mujeres, explicó.

Este proceso tiene como fin promover información para que las mujeres identifiquen y denuncien cuando son víctimas de una agresión.

–Si Veracruz tiene dos bloques de alerta de violencia de género y, a la vez, está en primer lugar nacional en feminicidio, ¿quiere decir que las alertas no funcionan?

–Yo he planteado una iniciativa que presentamos en la Cámara de Diputados (para revisar la alerta) porque este mecanismo tiene fecha de inicio pero no de término; no tiene indicadores (de medición), acerca de cuánto disminuyó la violencia.

El otro asunto es que no hay sanciones para funcionarios omisos.

Si no se integran esos elementos a la alerta, va a seguir sin funcionar porque los responsables, por ejemplo de canalizar a una mujer víctima de violencia, no hacen nada, advirtió.

La alerta, añadió, debe ser una acción emergente, una acción como el SOS, intervenir desde el municipio, los estados y la Federación.

Datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública señalan que los cinco elementos (en la incidencia delictiva nacional) que mostraron mayor aumento en agosto pasado respecto al mismo mes del año anterior son: trata de personas, feminicidio, extorsión, narcomenudeo y violencia familiar.