En México, el estigma y la criminalización del aborto obstaculizan que en los casos en los que está legalizado, como por violación, las mujeres puedan acceder a él. La situación se agudiza con las niñas que han sido víctimas de esta agresión, pues a temprana edad se les obliga a ser madres, coincidieron organizaciones feministas.

Al año se registran alrededor de 12 mil partos en menores de 15 años de edad, 80 por ciento son víctimas de violencia sexual y en muchos de los casos los agresores son familiares, de acuerdo con la comisionada nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, María Candelaria Ochoa Ávalos.

María Elena Collado, experta en temas de acceso comunitario y estigmas, y Fernanda Díaz de León, de la organización internacional IPAS México, destacaron que el aborto es aún un tema tabú, incluso en la capital, donde desde hace 12 años está despenalizado.

Señalaron que las niñas de entre 10 y 14 años de edad, víctimas de violencia sexual, enfrentan muchas barreras para abortar debido a la naturalización de la maternidad. Se considera que están obligadas a continuar el embarazo, no se identifica que estar en edades tempranas puede ser un problema, pues provoca afectaciones a su salud.

Todo se ubica en función de los riesgos que puedan tener por abortar, pues con base en datos científicos se ha observado que son menores comparado con continuar con la gestación, destacó Collado. Mencionó que algunos de los problemas que pueden presentar son eclampsia, anemia, y hemorragia. Eso no se dice. Ni siquiera los prestadores de servicios de salud cuando atienden a las mujeres les refieren este panorama.

Lo que se requiere, indicó, es trabajar socialmente para que el tema del aborto sea identificado como una opción reproductiva porque es algo que sucede frecuentemente en las mujeres y es una opción a la que pueden recurrir en casos de violación.

Collado expuso que las mujeres siguen enfrentando dificultades como el hecho de que no se les brinde información sobre los lugares a los que pueden acudir para realizarlo. Además, grupos religiosos las buscan en las clínicas donde se llevan a cabo estas prácticas para convencerlas de no hacerlo.

Uno de los casos más emblemáticos y que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se presentó en Baja California, en el año 2000, cuando Paulina Ramírez, quien tenía 13 años de edad, fue violada y las autoridades se negaron a que accediera a la interrupción legal del embarazo.

Según consta, el entonces procurador general de justicia del estado, Juan Manuel Salazar Pimentel, llevó a la menor con un sacerdote para tratar de disuadirla.

El Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) señala que de 2012 a septiembre de 2018 ha dado acompañamiento a 38 casos de negación de servicio de aborto, 26 de ellos corresponden a menores de edad.

Para Regina Tamés, directora de GIRE, el contexto sigue haciendo creer a todo el mundo que el aborto es un delito y que está prohibido, por lo que entender que dentro de esta prohibición existe un margen que es por violación o las causales, dependiendo el estado, pues es complicado porque hay una cultura de criminalización, de estigmatizar y de considerar que las mujeres tendrían que desear y querer esos embarazos.

Destacó que en la conmemoración del Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro, hoy en la Ciudad de México y diversas entidades del país se realizarán manifestaciones para exigir al Estado y los gobiernos locales quitar del Código Penal el tipo de aborto y que se garanticen los servicios de salud para todas las mujeres.