Cuernavaca, Mor., El gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo presentó ante el Congreso local una solicitud de juicio político contra el ex gobernador perredista Graco Ramírez (2012-2018) y de los ex titulares de Hacienda y Contraloría, Jorge Michel Luna y Adriana Garza, respectivamente, pues no entregaron 120 millones de pesos durante 2018 a organismos autónomos estatales.

Samuel Sotelo, consejero jurídico del gobierno del estado, entregó la solicitud la tarde del viernes ante la Coordinación de Oficialía de Partes del Congreso estatal, a tres días de que la administración de Blanco Bravo cumpla un año en el cargo.

El funcionario explicó que se comprobó la omisión de administración de recursos hacia la Fiscalía General del estado (FGE) y el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, en el ejercicio 2018, por alrededor de 120 millones de pesos.

Ese dinero estaba etiquetado en el presupuesto de egresos, y no fue suministrado, lo cual impidió el adecuado funcionamiento de esas instituciones, destacó.

Precisó que el juicio político no es exclusivo para la separación de algún cargo gubernamental, también alcanza la inhabilitación, determinada por la autoridad competente, si procede. Además, daría lugar a otras sanciones de responsabilidades administrativa, incluso penal.

Aclaró que la ley establece un año después de la separación del cargo del funcionario para que se presente este tipo de requerimiento, por lo que el gobierno de Blanco Bravo está dentro del plazo para cumplir con esa obligación.

El consejero jurídico mencionó que el proceso de juicio político no llega hasta los extremos de llevar a la cárcel a los ex funcionarios, faculta a la autoridad correspondiente para que dé vista al Ministerio Público y, de existir conductas delictivas, también se sancione en la instancia penal.

En lo que va del gobierno de Blanco Bravo, que el próximo primero de octubre cumple un año, se han presentado 57 denuncias ante las Fiscalías Especializada para el Combate a la Corrupción y la General de la Republica; en cuatro de éstas se acusa directamente a Graco Ramírez de desvío de fondos, delincuencia organizada y fraude fiscal.