espués de una prudente espera, Nancy Pelosi, lideresa de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, abrió el proceso formal que pudiera concluir en la defenestración ( impeachment) del presidente. En más de una ocasión, una docena de colaboradores del presidente informaron a un funcionario de la Agencia Nacional de Inteligencia ( whistleblower), sobre lo que consideraron una conducta cada vez más errática y peligrosa del presidente.

La gota que derramó el vaso de agua fue cuando el presidente Donald Trump detuvo la ayuda militar, autorizada por el Congreso, para que Ucranía se defendiera de las agresiones rusas. En una conversación telefónica con el presidente ucranio, Trump condicionó la entrega de la ayuda a cambio de que cooperara en socavar la credibilidad de uno de sus rivales políticos.

Sin eufemismos, la coerción se ha entendido como un chantaje. Trump declaró que estaba en su derecho en proceder de esa manera, y agregó que durante la conversación telefónica, en la que trató el asunto con su homólogo de Ucrania, jamás expresó en forma explícita alguna condición para la entrega de la ayuda.

En un editorial, el Washington Post señaló: No es necesario que el presidente haya condicionado explícitamente la ayuda, en una conversación de tal naturaleza no tiene que ser explícito el motivo del condicionamiento para que se entienda la sustancia que subyace en esa conversación.

Los detalles, anécdotas, contradicciones y rumores en torno del hecho son ya incontables, y no muy diferentes a los que han caracterizado la vida de Trump antes y después de llegar a la Casa Blanca.

Ya no es ninguna novedad la consistencia y el aplomo con los que el mandatario miente y crea conjuras, a lo que se añade su compulsión para divulgarlas en edictos de 280 caracteres (Twitter). Es claro que más del 80 por ciento de los legisladores republicanos lo apoya y piensa igual que él.

Pero, ¿qué pasa con quienes muestran un poco de cordura y rubor derivado de la errática y frecuentemente ilegal conducta de su líder virtual? Hay quienes intuyen que por ahí pudiera empezar una desbandada que inflija un grave daño al presidente.

Contrario a ello, hay quienes aseguran que el proceso iniciado por los demócratas para defenestrar al presidente se revertirá en contra de ellos, porque un numeroso grupo de posibles electores se oponen a dicho proceso.

La conclusión sobre las investigaciones que integrarán el expediente del impeachment se formalizará en una serie de artículos que serán enviados al Senado, donde se analizarán para determinar la culpabilidad o la exoneración del presidente. Tomando en consideración que la mayoría en el Senado está integrada por miembros del partido Republicano, es fácil pronosticar que el presidente será absuelto. Por ello se considera que el juicio es político, no jurídico.

Al margen de las consecuencias, es evidente que los demócratas están cumpliendo con una obligación que no pueden evadir porque lo establece la Constitución.

De no hacerlo estarían violando una norma que juraron respetar, y las consecuencias muy probablemente las pagarían en las urnas. No parece haber otra salida, y por lo que se advierte el desenlace se resolverá hasta la elección en noviembre 2020.

Lo que marca un hito en toda esta escabrosa novela de intriga política es que, sin rubor alguno, el presidente asegura que actuó correctamente cuando mencionó a su par ucranio la necesidad de cooperar en la investigación sobre su rival político.

Trump cree que está en su derecho de hacer lo que le plazca al margen de las normas que rigen a la sociedad, la principal de ellas, la Constitución.

No parece entender la diferencia entre lo que está bien y lo que está equivocado; el único y último juicio lo tiene él y sólo él.

Si la mayoría de los republicanos y un sector de la sociedad avala esa conducta, las implicaciones para la salud democrática del país serán profundas.