Cuernavaca, Mor., Con los tres poderes prácticamente paralizados a causa de divisiones internas, la administración de Cuauhtémoc Blanco Bravo llega a su primer año con la amenaza de la ingobernabilidad y de que el Senado declare desaparecidos esos poderes, junto con los de Veracruz, Guanajuato y Tamaulipas.

En el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), nueve magistrados que se oponen a la presidenta Carmen Cuevas López (quien cuenta sólo con ocho magistrados) no han acudido a las sesiones que ha convocado desde el 3 de junio pasado, a raíz de que la funcionaria nombró la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial (para manejar los recursos económicos de ese poder, según el magistrado Andrés Hipólito Prieto.

Esa división se agudizó después de que el 10 de septiembre pasado el gobernador publicó un decreto para eliminar la ampliación del periodo de los magistrados de 14 a 20 años que les había concedido el entonces gobernador Graco Ramírez.

Con ese decreto, los nueve magistrados desconocieron a Carmen Cuevas como magistrada y presidenta del TSJ, pero ella se amparó contra el decreto. No obstante, no han sesionado desde entonces.

En el Ejecutivo, la ausencia constante del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo ha provocado la disputa de ese poder por parte de José Manuel Sanz Rivera, jefe de la gubernatura, y Pablo Ojeda Cárdenas, secretario de Gobierno. Según trabajadores de la administración estatal, en el bando de Ojeda Cárdenas se encuentra Ulises Bravo Molina, hermano del gobernador.

El mandatario estatal encabezó ayer un acto en Tepalcingo, donde aseguró que pese a que existen grupos que buscan desestabilizar la paz social, el gobierno tiene rumbo y atenderá las necesidades que aún prevalecen.

Según un comunicado, Blanco Bravo se comprometió a sacar a la entidad de la crisis. Hay señales de recuperación económica, generación de empleo, educación, salud, reconstrucción y reactivación de la obra pública, dijo.

En cuanto al Poder Legislativo, Le estamos poniendo en la madre al Congreso y a la gobernabilidad de Morelos porque desde el pasado primero de septiembre (los diputados) no han sesionado y no han logrado ponerse de acuerdo sobre quién ocupará la presidencia de la mesa directiva y la junta política y de gobierno”, ya que han privilegiado sus intereses económicos antes que la gobernabilidad, declaró el diputado local José Casas González.

El que fue candidato de la alianza Juntos Haremos Historia y después se declaró independiente calificó esto de traición al pueblo de Morelos, que votó por ellos esperando un cambio.

La semana pasada, durante la comparecencia del fiscal Uriel Carmona Gándara, la diputada petista Tania Valentina Rodríguez mencionó: El barco del estado de Morelos se está hundiendo. Efectivamente, ya se empieza a analizar en el Senado de la República que haya desaparición de poderes en Morelos.

La petista exhortó a sus colegas a salvar al Congreso local y los llamó a ponerse de acuerdo, sin gente externa, en alusión a Ulises Bravo Molina, hermano del gobernador, a quien la legisladora ha acusado de asesorar a los diputados locales y ostentarse como encargado del poder Ejecutivo en el estado.

Ante esta crisis de gobernabilidad, los cárteles que se disputan Morelos operan con total impunidad. Según el obispo de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, la mitad de los 36 ayuntamientos pagan derecho de piso de entre 100 mil y 500 mil pesos mensuales, denunció el pasado primero de junio durante la quinta Caminata por la Paz, la Justicia y contra la Violencia que encabezó el prelado en Cuernavaca.