Madrid. Una multitudinaria manifestación recorrió ayer las calles de Barcelona para exigir justicia y el respeto al derecho de autodeterminación, en una protesta en la cual se llamó a la desobediencia civil ante el inminente fallo del Tribunal Supremo contra los funcionarios independentistas procesados por las acciones de octubre de 2017.

El Ejecutivo español, encabezado por el socialista Pedro Sánchez, amenazó con aplicar el artículo 155 de la Constitución, que volvería a dejar en suspenso las instituciones autonómicas.

El segundo aniversario del referendo independentista sirvió para volver a poner de manifiesto el encono y el distanciamiento que impera en Cataluña entre los dos bloques enfrentados desde hace más de siete años: los que pugnan por la independencia, que representan 47 por ciento de la población, y los que están en contra, ya que sea porque quieren mantener el actual régimen o porque son más partidarios de reformar el estatuto en aras de un gobierno más federalista.

El aniversario del referendo sacó a las calles a 180 mil personas, según la policía municipal de Barcelona, y medio millón, según los organizadores de la protesta.

Se volvieron a escuchar las reivindicaciones a favor de la liberación o la amnistía de los presos políticos.

Las banderas separatistas y el color amarillo –convertidos en símbolo de la movilización– inundaron las calles de la capital catalana, en las que también estuvieron muy presentes las reivindicaciones para que sean liebarados los miembros de los Comités de Defensa de la República, detenidos la semana pasada y que enfrentan cargos de terrorismo, tenencia ilícita de armas y sabotaje.