El Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) no entregó en su momento a las autoridades ministeriales la información que tenía sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, aseguró Ángel Aguirre Rivero, quien gobernaba Guerrero cuando ocurrió el ataque en Iguala.

Aguirre y el entonces fiscal general del estado, Iñaki Blanco, comparecieron ayer ante la unidad especial para el caso Ayotzinapa de la Fiscalía General de la República (FGR) para ampliar sus declaraciones en torno a los sucesos del 26 y 27 de septiembre de 2014. Ambos solicitaron que la fiscalía también cite a comparecer en relación con el caso a Monte Alejandro Rubido y Eugenio Imaz, ex titulares de la Comisión Nacional de Seguridad y del Cisen, respectivamente, en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Aguirre Rivero se refirió a los documentos elaborados por el Grupo de Coordinación Guerrero –en el que participaban instancias locales y federales– para definir acciones de seguridad en el estado, incluidas actividades de los grupos del crimen organizado, y que estarían en poder del Cisen.

No entendemos por qué la negativa del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, por qué no entregaron los documentos que elaboró el Grupo de Coordinación Guerrero para que se conocieran las acciones que emprendimos antes de que ocurrieran los lamentables hechos, expuso tras su comparecencia.

El ex gobernador, quien dimitió al cargo semanas después de los hechos en Iguala, afirmó que no había motivo para hacerle daño a los jóvenes de Ayotzinapa; dijo que durante su administración tuvo una relación muy cordial con esa normal rural.

Acciones contra narcos, antes del ataque de Iguala

Tras declarar por más de cinco horas ante el Ministerio Público Federal, respondió alrededor de 70 preguntas sobre su acciones de combate a los grupos delictivos que operan en la entidad y las actividades que realizó tras lo ocurrido con los 43 estudiantes desaparecidos de manera forzada, entre otras.

En la entrevista, aseguró haber exigido que el gobierno obtenga y proporcione copias de las minutas elaboradas por el Grupo de Coordinación Guerrero, donde constan las acciones emprendidas antes de que sucediera la agresión de policías municipales e integrantes de Guerreros Unidos contra los estudiantes.

Fuentes ligadas a la investigación revelaron que el Centro Nacional de Inteligencia –organismo con el que la actual administración federal sustituyó al Cisen– tampoco ha entregado dicha información, que podría ser central en el esclarecimiento del caso.

Aguirre Rivero señaló que también lo interrogaron respecto a las versiones según las cuales él sostenía una relación sentimental con María de los Ángeles Pineda, esposa de José Luis Abarca, entonces presidente municipal de Iguala (ambos presos), así como si había impulsado el proyecto político de esa pareja. De nuevo se deslindó totalmente de tales vínculos.

De la misma manera, afirmó haber desmentido que se haya reunido con Abarca y Pineda después del 26 de septiembre de 2014. Del tal diligencia, la FGR no emitió ningún posicionamiento oficial.

Hoy comparecerán ante esa instancia los entonces secretarios locales de Seguridad Pública y de Gobierno, Leonardo Vázquez y Jesús Martínez, respectivamente. El primero es uno de los 235 ex funcionarios federales y estatales denunciados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que habrían incurrido en irregularidades, delitos y omisiones durante las investigaciones por los hechos ocurridos en la llamada noche de Iguala.