El Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria instó al Congreso de la Unión a realizar una adecuada distribución de recursos en el Presupuesto 2020 en favor de la no detención de la niñez y la adolescencia migrante.

Esta red de organizaciones, como Save The Children, Sin Fronteras, Casa del Migrante Saltillo y especialistas como la académica Leticia Calderón, exponen que si bien existen normativas y políticas públicas encaminadas al cumplimiento de la obligación del Estado mexicano de no detención de la niñez y la adolescencia migrante, en la práctica esto no se ha cumplido.

De acuerdo con cifras de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas citadas por las organizaciones, de enero a junio de 2019 las autoridades mexicanas han presentado o ingresado a estaciones migratorias aproximadamente a 32 mil 507 menores de edad, rebasando ya la cifra total de 2018, cuando se registraron 31 mil 717.

En relación con el perfil detectado en 2019, destaca que 41.4 por ciento son niñas, provenientes principalmente de Honduras. Más de 70 por ciento de niñas y niños presentados están acompañados.

Las organizaciones civiles advierten que estos números se traducen en privación de la libertad de niñas, niños y adolescentes en estaciones migratorias en condiciones de hacinamiento, limitado acceso a la salud física y mental, separaciones familiares, sin al alcance permanente agua potable y recibiendo alimentos en mal estado.

Son múltiples las razones por las que ocurre la detención de menores migrantes, una de las más importantes es el presupuesto insuficiente para la operación de procuradurías de protección y de los centros de asistencia social.

Este grupo de trabajo sugiere al Congreso de la Unión, particularmente a las Comisiones de Gobernación y de Asuntos Migratorios, aprobar el Proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Migración y de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político en materia de infancia.

Por otro lado, en el contexto de la discusión del presupuesto, propusieron que lo destinado a la contratación de oficiales de protección a la infancia puede reorientarse a los rubros de la Procuraduría de Protección a la Infancia (PP) y a los Centros de Asistencia Social del Ramo 12 del sector salud.

Es decir, para este grupo de trabajo es posible redistribuir los recursos destinados al Ramo 04 –en particular los destinados a políticas y servicios migratorios– a las Procuradurías de Protección a la Infancia.