Lima. El primer ministro peruano, Vicente Zeballos, anunció ayer que el presidente Martín Vizcarra gobernará hasta el 28 de julio de 2021, al tiempo que el Jurado Nacional de Elecciones convocó a comicios legislativos para el 26 de enero próximo.

De esta manera, casi dos días después de que Perú tuvo su mayor crisis política en más de dos décadas, Vizcarra tiene un respiro en su enfrentamiento con un Congreso dominado por la oposición y que lo quiere fuera del cargo.

La vicepresidenta Mercedes Aráoz, quien fue nombrada presidenta interina por el Parlamento previamente disuelto por Vizcarra, renunció la noche del martes tras considerar que carecía de las condiciones para ejercer el cargo, con lo que reconoció tácitamente que no tenía el respaldo de grupos claves como las fuerzas armadas, que apoyaron a Vizcarra.

El anuncio de Aráoz llevó al primer ministro Vicente Zeballos a asegurar ayer que Vizcarra gobernará hasta el 28 de julio de 2021 y no renunciará como solicitó la oposición. Zeballos añadió en declaraciones a la radio local RPP que siguen reconociendo como vicepresidenta a Araoz.

El pasado lunes Vizcarra disolvió el Congreso unicamaral, después de que le negó la aplicación de rigurosos filtros al proceso de elección de los miembros del Tribunal Constitucional, el máximo órgano de decisión en asuntos constitucionales, clave en el manejo del poder local y en el cual la oposición legislativa buscaba nombrar a candidatos afines a sus intereses.

El Congreso es dominado por el partido opositor Fuerza Popular, de Keiko Fujimori, quien pese a estar en prisión por una pesquisa sobre corrupción ligada a la constructora brasileña Odebrecht, mantiene un importante liderazgo del grupo político.

Una explicación sobre por qué el Congreso opositor nombró presidenta a Araoz es su cercanía con el grupo opositor aliado del fujimorismo Alianza Popular Revolucionaria Americana (Apra). Araoz fue ministra de tres secretarías y candidata presidencial en 2011 por el Apra que fue liderado por el ex mandatario Alan García, quien se suicidó en abril pasado para evitar ser detenido por la policía durante una investigación por el caso Odebrecht.

Aráoz no recibió el respaldo de ningún sector nacional importante. Después de que Vizcarra anunció la disolución del Congreso, miles de personas salieron a las calles a darle su apoyo y también lo respaldaron las fuerzas armadas.

Aráoz publicó una carta dirigida al Congreso disuelto en su cuenta de Twitter, en la cual anunció su renuncia y le pidió a Vizcarra que convoque a elecciones a la brevedad.

A través del primer ministro, el gobierno de Vizcarra se mostró de acuerdo con la sugerencia de la Organización de los Estados Americanos (OEA) de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la legalidad de la disolución del Congreso y la decisión del Parlamento disuelto de remplazar al mandatario por Araoz.

El martes Araoz fue denunciada por el delito de usurpación de funciones por dos legisladores destituidos que estaban en favor de la disolución del Congreso.

En Perú se castiga el delito de usurpación de funciones hasta con siete años de cárcel.

En un comunicado publicado la víspera, la OEA consideró constructivo que Vizcarra haya convocado a elecciones legislativas para el 26 de enero de 2020 y que la decisión definitiva recaiga sobre el pueblo peruano. Los nuevos 130 legisladores culminarán su gestión el 28 de julio de 2021, cuando junto a Vizcarra entregarán el poder a la siguiente administración Ejecutiva y Legislativa.

El nuevo primer ministro dijo también que los legisladores del disuelto Congreso no podrán postularse en la elección legislativa de 2020, que ayer fue convocada por el Jurado Nacional de Elecciones, ni en los comicios de 2021.

Tras la disolución del Congreso sólo quedó en funcionamiento –de acuerdo con la ley peruana– una Comisión Permanente compuesta por 27 legisladores. Su función será acumular los decretos de urgencia con los que Vizcarra legislará hasta que se instale el nuevo Congreso en 2020. Se espera que Vizcarra y Zeballos nombren a su gabinete.