La Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados aprobó dos dictámenes con proyectos de decreto que reforman diversas disposiciones de la Ley de Migración para que las autoridades migratorias puedan negar la expedición de visa, internación regular o permanencia en el país y cancelar la condición de residente temporal o permanente y deportar a un extranjero cuando, derivado de sus antecedentes en México o en el extranjero, se comprometa la seguridad nacional o la seguridad pública.

Se modifica el párrafo tercero de la fracción V del artículo 43 para incluir que cuando la autoridad judicial imponga a la persona extranjera sentencia firme, el Instituto Nacional de Migración (INM) valorará su condición migratoria atendiendo los principios de readaptación social, así como los relativos a la unificación familiar.

Con el cambio al artículo 52 se amplía de siete a 17 días la autorización al extranjero o residente de los países vecinos para ingresar a las regiones fronterizas con derecho a entrar y salir de las mismas cuantas veces lo deseen y sin permiso para recibir remuneración en el país.

El promovente de la iniciativa, Javier Alegre (Morena) adujo que el propósito de la reforma es generar certeza jurídica entre los visitantes y mejorar la economía de las fronteras.

En el encuentro se decidió citar a una reunión de trabajo a los titulares de control migratorio del INM y la secretaría técnica del Fideicomiso para Ex braceros y al responsable del Programa 3 por 1 para migrantes en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el fin de abordar temas referentes a los recursos del sector y para atender el flujo migratorio que, se reporta, proviene del denominado Triángulo Norte, compuesto por Honduras, Guatemala y El Salvador.