La activista Yndira Sandoval Sánchez fue víctima de actos de tortura y violencia sexual hace dos años atribuibles a elementos femeninos de la policía municipal de Tlapa de Comonfort, Guerrero, los cuales le fueron infringidos con la finalidad de castigarla por su comportamiento y resistencia en su detención.

Aunado a ello, la Fiscalía General del estado atendió de manera inadecuada su denuncia, con lo que también violentó los derechos de la activista a la integridad personal, acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia, a la privacidad y a vivir una vida libre de violencia.

Así lo acreditó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en su Recomendación 63/2019, dirigida al munícipe Dionicio Merced Pichardo García, y al fiscal general de Guerrero, Jorge Zuriel de los Santos Barrila.

El organismo nacional deta-lló que el 16 de septiembre de 2017, la defensora de los derechos de la mujer fue detenida junto con su pareja por policías municipales al alterar el orden en la vía pública y tener comportamientos agresivos contra las autoridades policiales al momento de su aprehensión; sin embargo, subrayó la CNDH, eso no justifica la reacción en su contra, pues se les traslado a la comandancia municipal, donde la activista fue intimidada por dos mujeres policías, que la agredieron sexualmente.

Al ser liberada, acudió a la agencia del Ministerio Público Especializada en Delitos Sexuales a presentar una denuncia, instancia que estaba cerrada, por lo que fue al MP del fuero común y no fue atendida.

Tras su investigación, la CNDH concluyó que la agraviada presentó lesiones en el cuerpo y secuelas sicológicas consecuencia de la violencia sexual, y resolvió que dichos actos trascienden a tortura, ya que le fueron realizados con la finali-dad de castigarla por su comportamiento y resistencia en su detención. La fiscalía estatal vulneró su derecho de acceso a la justicia, al negarle la posibilidad de presentar su denuncia debido a estereotipos de género.

La CNDH determinó también que la policía municipal y la fiscalía local no garantizaron la protección de sus datos personales, pues se divulgaron en redes sociales y medios de comunicación. Además, los días 22 y 23 de octubre de 2017, la fiscalía difundió dos comunicados con información inexacta y sensible del motivo de la detención de la activista, lo que dio lugar a discriminación y estigmatización.

El organismo de derechos humanos urgió a que se repare el daño a la víctima, que se sigan las indagatorias –con perspectiva de género– por los abusos en su contra, entre otras recomendaciones.