La negligencia y omisiones por parte de personal del Instituto Nacional de Migración (INM), en particular del médico del turno vespertino, ocasionaron la muerte de una menor de 10 años de origen guatemalteco que estaba detenida junto con su madre en la estación migratoria Las Agujas, señaló la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

El organismo dirigió la recomendación 77/2019 al titular del INM, Francisco Garduño, por el caso de una niña que al caerse de la litera en la que dormía se golpeó el abdomen y no fue bien atendida dentro de la estación migratoria de la Ciudad de México.

Esta es la segunda recomendación emitida por hechos violatorios a derechos humanos suscitados durante los 10 meses que lleva el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El documento acredita que la niña murió debido a la omisión, negligencia e inadecuada atención médica atribuibles al doctor y a tres trabajadores de la estación migratoria. El 15 de mayo de este año la pequeña y su madre ingresaron a Las Agujas. Ese día, entre las dos y las tres de la tarde, la pequeña cayó de la parte superior de la litera que se le asignó y se golpeó en el costado izquierdo del abdomen con la placa de concreto de la cama baja, por lo que su mamá la llevó al servicio médico, donde el doctor en turno sólo le dio una pastilla para paliar el dolor.

Al continuar con vómito, presentar temperatura baja, color amarillo y con los ojos desorbitados, la pequeña fue valorada de nuevo por el médico, quien sólo se limitó a decir: Seguramente la niña quiere llamar la atención.

El deterioro de la salud de la menor fue evidente, por lo que varias mujeres migrantes recluidas exigieron que fuera trasladada a un hospital. Pasaron las horas y hasta las 9:50 de la noche personal del INM reaccionó para llevarla, aunque se hizo en un vehículo particular en el que sólo iban el conductor y un agente federal de migración, pero ningún médico. Fue en el trayecto, cuando la niña perdió la vida.

Tras su investigación la CNDH acreditó que hubo violaciones a los derechos a la vida, la protección de la salud, a la seguridad jurídica y al principio del interés superior de la niñez en agravio de la niña de 10 años atribuibles a un médico y tres funcionarios de la estación migratoria, así como el derecho a la seguridad jurídica de la madre y a la protección de la salud de esta última y del padre de la menor. Incluso un trabajador del INM trató de que la madre desistiera de denunciar al médico, al amenazarla que de hacerlo se retrasaría la entrega del cuerpo y, en consecuencia, la repatriación a su país de origen.

Entre las recomendaciones hechas al titular del INM destacan que se repare de manera integral el daño a la familia y que ese instituto colabore con la Fiscalía General de la República (FGR) para llevar este caso.