El recorte al gasto fue cuestionado por alcaldes, que exigieron a la Cámara de Diputados constituir un fondo de infraestructura municipal, que sustituya al ramo 23, desaparecido para este año por el alto grado de corrupción que generó con la práctica de diezmos cobrados por los legisladores.

Presidentes municipales reprocharon que la caída de las participaciones federales afectó la prestación de servicios básicos y podría derivar en movilizaciones sociales.

Incluso el edil de Ocuilan, estado de México, Félix Alberto Linares, exclamó: Así como se eliminó el neoliberalismo, eliminen el centralismo. El orden municipal es el más andrajoso y pordiosero, el más arrastrado, porque así nos tienen hasta hoy.

Los alcaldes participaron ayer en el análisis público de la iniciativa de ley de ingresos 2020, que realizó la Comisión de Hacienda, y ahí el perredista cuestionó: “¿Cómo quieren que recaudemos más, si el campesino está rezagado, en el abandono del presupuesto, no hay insumos y persiste la competencia desleal?

Último en participar en la consulta, convocada para recibir propuestas de mayor recaudación, pero derivó en reclamos de mayor presupuesto, Linares expuso: Ojalá no haya una lucha social para que el Presidente reconsidere.

El alcalde de Teotihuacán, Jaime Heredia Ángeles (Morena), demandó mayores fondos para ese municipio. Y advirtió: Ayúdenme o voy a crear mi impuesto a zonas turísticas. Una aportación que nos den nos podrá ayudar para remozar las zonas arqueológicas.

En el encuentro, el coordinador del PT, Reginaldo Sandoval, planteó a los alcaldes que los municipios aporten ideas sobre cómo incrementar la recaudación, porque el presupuesto de 6 billones para 2020, no va a dar.

Arcelia Cruz, presidenta municipal de Huajuapan de León, Oaxaca (Morena), insistió en el fondo de infraestructura.

Sí se eliminó porque reconozco que hubo mucha perversión en el ramo 23; tengo pruebas de que los diputados federales se llevaron mucho dinero a la bolsa. En Huajuapan una obra que se asignó a 7 millones solo costaba 4, indicó.

Sin embargo, propuso –y fue respaldada por otros ediles– que el fondo sea administrado y fiscalizado por el gobierno federal, y se entregue directamente a las alcaldías.

La alcaldesa de Reynosa, Tamaulipas, Maki Esther Ortiz (PAN), pidió la reintegración del fondo migrante, porque la gente que invade las ciudades fronterizas exige servicios públicos. Incluso sugirió que la Cámara cree un impuesto a la formalidad, para que taqueros y eloteros con ingresos de más de 2 millones de pesos al año, paguen una tasa de 5 por ciento.