De diciembre de 2018 a septiembre pasado, la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México sancionó a 578 servidores públicos del sector central y a 363 de las alcaldías, al resolver más de 860 procedimientos disciplinarios y de responsabilidad administrativa.

El informe que la dependencia envió al Congreso antes de la comparecencia, este viernes, de su titular, Juan José Serrano Mendoza, refiere que se impusieron sanciones por un monto global de 36 millones 683 mil 957 pesos en el primer caso, y dentro del bloque de alcaldías por 198 millones 921 mil 190 pesos.

La función sancionatoria de la Secretaría de la Contraloría General es una de sus tareas fundamentales, pues al fincar responsabilidades y sancionar a las personas servidoras públicas que cometen faltas administrativas, de manera frontal se combate a la impunidad y se tiene un efecto disuasivo en una medida que prevenga la reincidencia en la comisión de actos contrarios a la ley, señala el documento.

En materia de fiscalización, para vigilar la debida aplicación de los recursos y prevenir actos de corrupción, la Contraloría realizó durante el periodo de referencia en dependencias, entidades y organismos del sector central, 110 auditorías, 132 revisiones y verificaciones y 59 inspecciones de control interno a rubros de adquisiciones, obra pública, programas sociales y adminitración, que arrojaron un total de 450 observaciones, por un monto de 744 millones 318 mil 676.51 pesos.

Explicó que se han solventado 176 observaciones y por 83 que no fueron solventadas se inició igual número de dictámenes técnicos, de los cuales 13 ya se resolviron para fincamiento de responsabilidades administrativas.

En las alcaldías, derivado de 44 auditorías, 48 revisiones y verificaciones y 46 inspecciones de control interno, se generaron 350 observaciones, de las que 82 ya fueron solventadas, pero no se precisan más datos, salvo un monto resuelto por 269 millones 153 mil 967.76 pesos.

Desvíos en reconstrucción

Sobre las acciones para la reconstrucción, la Contraloría señala que se determinaron irregularidades en la autorización de la entrega de recursos y el ejercicio de los mismos, así como anomalías en la integración de expedientes, y si bien está transcurriendo el plazo para que las observaciones detectadas sean solventadas, la dependencia determinó denunciar ante la Procuraduría General de Justicia la posible comisión de diversos delitos y determinar si existe responsabilidad de ex servidores públicos y particulares.

Juan José Serrano Mendoza comparecerá ante diputados de las comisiones de Transparencia y Combate a la Corrupción y de Administración Pública Local, que presiden Carlos Alonso Castillo Pérez y Guadalupe Chavira de la Rosa, respectivamente, ambos de Morena.