Organismos empresariales y abogados fiscales advirtieron que promoverán una acción de inconstitucionalidad en caso de que la minuta sobre defraudación fiscal se apruebe en la Cámara de Diputados tal como se avaló en el Senado, pues equipara dicha práctica con delincuencia organizada y da pie a la detención del contribuyente, así como a la extinción del dominio sobre sus propiedades.

Pidieron no apresurar la aprobación del documento, pues con él se pretende solucionar un problema a partir de cañonazos, cuando lo que se requiere son tiros de precisión.

Al dar respuesta a las críticas, Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, precisó que la facturación falsa se mantendrá como delincuencia organizada, pero se cuidará a quienes por accidente les haya llegado una comprobación de ese tipo.

Óscar González, presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, señaló que es necesario diferenciar a los contribuyentes buenos de los malos. Los segundos son aquellos que se les tiene que imponer un tributo porque de buena voluntad no pagan sus gravámenes.

Se refirió al empresario Carlos Slim, quien redondeaba el cobro de la telefonía celular y por un segundo cobraba un minuto. Cuando se eliminó esa práctica dejó de recibir 300 millones de pesos al día. Esta es la clase de hombres de negocios que hay en el país y por los que se tienen que hacer leyes fuertes.

Pero no se vale que buscando a los malos contribuyentes nos llevemos entre las patas a los buenos, añadió González al destacar que las reflexiones de los organismos patronales y los especialistas serán valoradas en la revisión de la minuta sobre defraudación fiscal.

Aunque se tiene previsto que las comisiones de Hacienda y Justicia dictaminen el documento el próximo lunes, el PRI informó que buscará postergar dicha aprobación para tener mayor tiempo de analizarlo.

En parlamento abierto para presentar posicionamientos sobre la minuta, que se realizó ayer en la Cámara de Diputados, representantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Concanaco, Concamin, Coparmex y la Asociación de Bancos de México, expresaron estar de acuerdo con acabar la defraudación fiscal y la facturación falsa, pero no coinciden con los legisladores en la forma como se pretende hacer.

Afectarán inversiones, alertan

Acompañados de abogados fiscalistas, se mostraron preocupados, pues consideraron que lo planteado en la reforma legislativa es agresiva y puede afectar las inversiones.

La venta de facturas falsas sí podría tratarse como delincuencia organizada, pues induce a la defraudación fiscal y al quebranto de las finanzas públicas, pero el acto de recibir dichos comprobantes no debería encuadrar como delito.

Con la norma en discusión, a un contribuyente que tenga una factura apócrifa o haya omitido pagar sus impuestos se le puede equiparar con un miembro de la delincuencia organizada, detenerlo y dictaminar la extinción del dominio de sus propiedades sin que haya concluido el juicio al que sea sometido.

Señalaron que a los contribuyentes no se les puede someter a este régimen injusto, el cual calificaron como la herramienta ideal para destruir a un adversario político.