Este lunes, en la ciudad de Ginebra, Suiza, el Comité de Derechos Humanos (CDH) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) comenzará a evaluar el nivel de cumplimiento del Estado mexicano en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, firmado y ratificado por las autoridades del país.

Desde el 14 de octubre hasta el 8 de noviembre, los 18 expertos que integran el CDH analizarán el papel de México –además de Bélgica, Cabo Verde, República Centroafricana, República Checa y Senegal–, a través de una serie de diálogos tanto con representantes del gobierno como de organizaciones civiles de derechos humanos.

De acuerdo con los documentos que ya se encuentran disponibles en línea en la página del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Estado mexicano expondrá que ha cumplido con el mencionado pacto al promover diversas acciones legales.

Entre los aspectos que mencionará la delegación mexicana se encuentran la publicación de la Ley General de Víctimas en 2013, así como su posterior reforma en 2017 y la creación del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, y la publicación de ocho protocolos para facilitar a los jueces el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos.

Por otro lado, la representación del gobierno de México señalará en sus documentos que el Plan Nacional de Derechos Humanos 2014-2018 contempla la atención efectiva de las recomendaciones internacionales, y que la cancillería lleva a cabo reuniones de evaluación para saber cuáles son las áreas que debe atender mejor para el cumplimiento de esas observaciones.

En contraposición, diversas organizaciones de la sociedad civil acudirán a exponer cuáles son los temas y asuntos en los que, a su juicio, no ha habido un avance suficiente por parte de los sucesivos gobiernos del país.

El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, por ejemplo, señalará diversas carencias que siguen existiendo en materia de acceso a la justicia para las víctimas de desaparición, como que el Sistema Nacional de Búsqueda se encuentra incompleto, pues de las 32 entidades de la República, sólo en 24 hay una comisión estatal.

La organización Artículo 19 indicará que siguen vigentes normas contrarias a la libertad de expresión, derecho a la reunión y a la asociación en materia penal y administrativa, que siguen siendo utilizadas para hostigar a periodistas y a personas defensoras de derechos humanos críticas.