El gobierno mexicano no ha cumplido el acuerdo que hace seis meses suscribió con la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, para que esa instancia internacional brinde asesoría y asistencia técnica para la formación y operación en materia de derechos humanos a la Guardia Nacional (GN).

Fuentes ligadas al proceso para la operación del convenio detallaron que hasta ahora la administración de Andrés Manuel López Obrador no ha ofrecido las condiciones para que la capacitación en materia de garantías fundamentales a los elementos de la Guardia Nacional se concrete.

El pasado 9 de abril, en el salón Tesorería de Palacio Nacional, el presidente López Obrador y el canciller Marcelo Ebrard Casaubón firmaron el acuerdo con Bachelet –quien realizaba una visita de trabajo a México–, con el objetivo central de trabajar conjuntamente en la formación de los efectivos del nuevo cuerpo de seguridad.

Correspondería a la oficina en México de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH), a cargo de Jan Jarab, y a las instancias encargadas de la Guardia Nacional –en particular la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)– dar forma al proceso de capacitación, pero hasta ahora no se han dado pasos concretos por parte de las dependencias federales, lamentaron las fuentes.

Se pretendía iniciar con la instrucción sobre los protocolos internacionales para el uso de la fuerza con los altos mandos de la Guardia Nacional y también se trabajaría con personal del Instituto Nacional de Migración.

De acuerdo con las fuentes consultadas, uno de los funcionarios que no ha dado respuesta a los requerimientos para avanzar en el acuerdo es el subsecretario de Seguridad Pública de la SSPC, Ricardo Mejía Berdeja.

La oficina a cargo de Jarab ha intentado progresar en los objetivos del convenio. Incluso, buscó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que ambas instancias trabajen conjuntamente en ese objetivo.

Los informantes señalaron que una de las limitantes para el cumplimiento del acuerdo es que la presencia de la oficina de la ONU-DH en México no está vigente desde octubre del año pasado. Y es que durante la visita de trabajo de Bachelet se pretendían firmar tres convenios: el de la Guardia Nacional, otro para la coadyuvancia en el caso Ayotzinapa y uno más para ratificar la presencia y trabajo de esa oficina en México. Éste último no se concretó, por lo que técnicamente se trata de un organismo cuya estancia en el país no se ha garantizado.

Cuando se firmó el acuerdo, Bachelet sostuvo que en un país con 40 mil desaparecidos y miles de asesinatos y feminicidios no se puede lograr la seguridad sin pleno respeto a los derechos humanos. Y el presidente López Obrador garantizó que habrá seguridad en el país sin violación de garantías fundamentales.