La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condenó enérgicamente los homicidios de al menos 14 elementos de la policía estatal de Michoacán. Solicitó a las autoridades competentes otorgar medidas de protección a los familiares de los uniformados y demandó el pronto y efectivo esclarecimiento de los crímenes, a fin de dar con los responsables y presentarlos ante la justicia para que reciban el castigo que conforme a derecho corresponda y no haya impunidad.

Al respecto, Javier Oliva, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, opinó que la masacre representa un desafío al Estado mexicano y revela una desestructuración de una política de seguridad a escala nacional. Además, dijo, la matanza puso en evidencia que la parte civil responsable de las tareas de seguridad carece de las capacidades de inteligencia y de adiestramiento para hacer frente a eventos como éste o incluso en sus trabajos cotidianos.

El especialista en temas de defensa, seguridad nacional e inteligencia resaltó que el informe del secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, en la conferencia matutina de ayer en Palacio Nacional, diciendo que se ha avanzado un poco, pero no lo suficiente en el tema, es muy desafortunado, porque con una diferencia de horas quedó completa y absolutamente desmentido por la actividad criminal.

También indicó que desde su perspectiva, en materia de seguridad pública se observan tendencias en las áreas civiles, como las improvisaciones en la tomas de decisiones y en la de los funcionarios. Claro, eso se ve en todos los gobiernos, pero en éste me parece que hay suficiente experiencia para evitar que eso suceda y vemos que este tipo de hechos se reproducen con frecuencia. No hay un centro de lecciones aprendidas o al menos no se le ve que lo usen, si es que lo hay.