Con el argumento de que se requieren medidas duras contra la defraudación fiscal, las comisiones de Hacienda y de Justicia de la Cámara de Diputados aprobaron, sin cambios, la minuta del Senado para combatir la facturación falsa y la simulación de operaciones fiscales.

Con esa medida se tipifica el engaño fiscal como delincuencia organizada y contra la seguridad nacional, por lo que ameritará prisión preventiva oficiosa.

Morena no aceptó las modificaciones que presentó la oposición, la cual argumentó excesos en la persecución de ese ilícito, como el extremo –planteado por el PRI– del decomiso de las empresas. El PT, a su vez, dijo que el cálculo de la Secretaría de Hacienda es recaudar entre 250 mil y 400 mil millones de pesos con ese mecanismo.

Al argumentar en favor del dictamen –que hoy se discutirá en el pleno de la Cámara–, diputados de Morena, PES y PT señalaron que la defraudación fiscal sí pone en peligro la seguridad nacional y por lo tanto, como defendió Aleida Alavez, se necesita exacerbar medidas.

Durante una ríspida sesión de más de tres horas, priístas, panistas y perredistas insistieron que la reforma a las leyes Federal Contra la Delincuencia Organizada y de Seguridad Nacional, así como a los códigos Nacional de Procedimientos Penales, Fiscal de la Federación y Penal Federal generará terrorismo fiscal.

Enrique Ochoa Reza (PRI) dijo que su bancada está en contra de la facturación falsa, pero también del abuso y de la ampliación, por la puerta trasera, del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, así como de la violación de la presunción de inocencia. Se criminaliza la vida empresarial, acusó. Exigió que la minuta del Senado se revise con más tiempo y se corrijan los errores.

En el dictamen se argumentó que el contribuyente común no podrá ser perseguido penalmente bajo la figura de delincuencia organizada, porque empresarios, profesionistas o cualquier otro contribuyente que formen parte de la economía productiva y cumplan sus obligaciones fiscales no tienen cabida en el régimen de excepción de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, que sólo se aplica a grupos de personas que se organizan para delinquir reiteradamente.

Y agregó: cuando el contribuyente incurra en un error que derive en el impago de contribuciones no será sancionado penalmente, sólo estará obligado a cubrir su adeudo tributario y su conducta se mantendrá en el ámbito administrativo del derecho.

Definió que las medidas de prisión preventiva oficiosa o persecución como delincuencia organizada no incluye a abogados, contadores o economistas que ofrezcan asesoría fiscal con intención de lograr eficiencia tributaria, cuando no se trate de engaños o esquemas simulados que ofrezcan de manera repetitiva, constante y reiterada.