La iniciativa de ley de amnistía que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió el respaldo del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, porque sería una oportunidad valiosa para aliviar el sufrimiento de personas víctimas de injusticia.

No obstante, el representante en México de esa oficina, Jan Jarab, planteó a la Cámara de Diputados cambios al proyecto, entre otros eliminar los tipos penales aplicados a personas que ahora serían beneficiarias de la ley. Por ejemplo, en casos de presos por ejercicio de derechos y libertades o de violaciones a derechos humanos en el contexto del proceso penal.

Recordó que desde la ONU se ha abogado por la aplicación razonable de la pena de prisión, que en México tiene una dimensión social porque el sistema de justicia penal, a pesar de la mejora con el nuevo sistema acusatorio, ha generado un gran número de víctimas de violaciones de derechos humanos, al debido proceso, a la libertad y a la integridad personal.

Jan Jarab entregó un documento técnico a los diputados, con observaciones para fortalecer la iniciativa. Planteó ampliar los supuestos de aplicación de la ley a otros escenarios relativos a la privación de la libertad basada en vulneraciones a derechos humanos o violaciones al debido proceso, a las personas procesadas o sentenciadas por tipos penales que atentan contra la libertad de expresión.

Expuso que aun cuando se derogaron del Código Penal Federal los denominados delitos contra el honor, subsisten algunos tipos penales que se han aplicado a personas que ejercen su derecho a la libertad de expresión.

También pide considerar a las personas procesadas o sentenciadas por tipos penales que han sido utilizados para reprimir el derecho a la manifestación.

Asimismo, sería positivo considerar a las personas a quienes se violó el derecho al debido proceso, o a personal de servicios de salud que hayan auxiliado a mujeres a la interrupción del embarazo, añadió.

También, dejar claros los alcances de la iniciativa, porque –refirió– no se beneficia a personas indiciadas por ilícitos que ameritan prisión preventiva oficiosa o que hayan cometido delitos graves del orden federal. Sin embargo, agregó, el término delito grave ya se eliminó.

Incluso, sugirió considerar el contexto de criminalización de personas en situación de vulnerabilidad, o de indígenas que forman parte de policías comunitarias, procesados bajo el delito de portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.

Finalmente, recomendó determinar si la comisión especial que vigilará la aplicación de la ley –y no la Fiscalía General de la República– decidirá quiénes son susceptibles de recibir la amnistía.