El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) abordará esta semana el expediente sobre recepción de sentencias de tribunales internacionales 1/2017, relativa al caso García Cruz y Sánchez Silvestre versus México, resuelto en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh).

Se trata de dos indígenas: Juan García Cruz, de la cultura nahua, y Santiago Sánchez Silvestre, de la mixteca, quienes fueron detenidos el 6 de junio de 1997 por la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF). Ambos fueron acusados de portar armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas, y por traer consigo ejemplares del periódico El Insurgente se les imputó ser miembros del Ejército Popular Revolucionario (EPR).

Aunque los detenidos denunciaron que fueron torturados para aceptar su responsabilidad en los cargos, un juez los sentenció a 40 años de prisión y mil días de multa.

García Cruz y Sánchez Silvestre apelaron de la sentencia hasta que, en abril de 2013, la revocó la primera sala colegiada penal de Texcoco.

Luego de más de 15 años en prisión, las víctimas de este abuso recurrieron a la Coridh en demanda de la reparación de los daños que su encarcelamiento injusto les causó.

El gobierno mexicano decidió entonces llegar a un acuerdo de solución amistosa y reconocimiento de responsabilidad del Estado, donde aceptó su culpa y varias medidas de reparación, cuyo cumplimiento supervisará la Coridh.

Entre estas medidas se encuentran: deslindar responsabilidades en el caso de la tortura cometida contra las dos víctimas; eliminar sus antecedentes penales; otorgarles atención médica preferencial y gratuita, incluida la sicológica. Además, pagarles una cantidad acordada por concepto de daño material e inmaterial; garantizar la educación de sus hijos hasta el nivel universitario o técnico, así como tomar medidas para capacitar a los servidores públicos con objeto de que no se repitan hechos como estos.

La SCJN, como parte del Estado mexicano, deberá acusar recibo de esta sentencia y determinar las medidas que, como Poder Judicial de la Federación, deberán tomar para cumplir con la sentencia de la Coridh.