Acreditar evaluaciones y certificaciones de confianza, así como hacer públicas sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses, son algunos de los requisitos que deberán cumplir los aspirantes a fiscal general de justicia de la Ciudad de México.

Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Procuración de Justicia en el Congreso local elaboraron un proyecto de dictamen que modifica cuatro artículos constitucionales:

En el artículo 44 se propuso que los aspirantes a fiscal no deben haber desempeñado un cargo de elección popular o cargo de dirección de un partido político un año previo.

En el artículo 24 se incluye que la ciudadanía tendrá la obligación, en los términos que señala la ley, de votar en las elecciones, consultas populares y revocación de mandato. Mientras en el artículo 25 se propuso reducir de dos a uno por ciento las firmas para que los ciudadanos puedan solicitar una consulta popular.

En ese mismo artículo se agregó que el Instituto Electoral de la Ciudad de México tendrá a su cargo la verificación de las firmas, así como la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados.

El artículo 38 se modificó para que el Tribunal Electoral local establezca un sistema de medios de impugnación en los procesos de consulta popular y revocación de mandato.

En entrevista, diputados de oposición adelantaron que votarán en contra del dictamen que será discutido hoy en comisiones.

El legislador Guillermo Lerdo de Tejada sostuvo que con los cambios al artículo 44 se retira la autonomía de la fiscalía general de justicia local y se hace una ley a modo, pues con las reformas la actual procuradora, Ernestina Godoy, pudiera aspirar a ser la primera fiscal

Me preocupa que podamos tener fiscales con cercanía política al gobierno, sin autonomía clara y nos da fiscales a modo. Es un hecho que Morena va a mayoritear, aplicará su aplanadora en esta reforma.

Jorge Gaviño, diputado perredista, afirmó que las modificaciones en los requisitos para ser fiscal pudieran interpretarse como una ley a modo.

No la vamos a acompañar porque creemos que es una reforma inútil que no abona a la Constitución; todas las normas se pueden modificar y eso implica un derecho adicional a la comunidad y esta reforma no va en ese sentido.