ras la aprobación en San Lázaro de las modificaciones legales, el Legislativo terminó de construir el muro contra el huachicoleo fiscal, y a partir de ayer a los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa se suman los relativos al contrabando y su equiparable; defraudación fiscal y su equiparable; y expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

Así, las llamadas empresas factureras y sus usuarios pasan de ser simples evasores fiscales a candidatos que llenarán las cárceles (Mario Delgado dixit), por mucho que se oponga la minoría que votó contra los citados cambios legales, avalados con 318 votos a favor y 121 en contra (PAN, PRI y PRD, y cinco de Morena).

Infartados por la aprobación mayoritaria (tanto en el Senado –en septiembre pasado– como ahora en la Cámara de Diputados), los representantes de gobiernos prianistas (a lo largo de los cuales las factureras y, por ende, la evasión fiscal, crecieron como la humedad y nada hicieron para contenerlas) pusieron el grito en el cielo y calificaron de desproporcionada la citada reforma legal, al tiempo que amargamente se quejaron porque tal modificación abre la puerta, según dijeron, a un Estado represor y autoritario.

Para el caso de las factureras y los causantes que a ellas recurren para evadir impunemente al fisco, ¿qué sería lo proporcional? ¿Pedir disculpas y ya?, porque a lo largo de los años causaron severos daños al erario, sin consecuencia alguna para ellas. ¿Qué, entonces, sería justo? Se trata de delitos contra la nación que ameritan no sólo la acción inmediata en su contra –-comenzando por la prisión preventiva–, sino todo el peso del Estado.

En el dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Justicia que se puso a consideración del pleno en San Lázaro se subraya que la expedición, enajenación y adquisición de comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados es un problema nacional de la mayor relevancia. Ocasiona graves perjuicios a la estabilidad económica del país y sacrifica los bienes y servicios más elementales del gasto público.

refiere también que la percepción general es que esta práctica ilegal ha ido en aumento, al punto de encontrarse en un verdadero auge en los últimos años. Además de las prácticas ilegales de facturación falsa, la autoridad fiscal ha identificado esquemas diversos de evasión fiscal que también deben ser combatidos con estas herramientas que se incluyen en el ordenamiento jurídico. Por citar algunos, se deben considerar las prácticas de subcontratación a través de simulaciones, las cuales generan graves perjuicios a las arcas públicas, en adición a despojar a los trabajadores de sus prestaciones legales.

Y remata con la advertencia de que también los actos de corrupción que se realicen para obtener devoluciones de forma indebida son en extremo dañinos y deben ser perseguidos con estas reformas legales, pues no sólo se trata de una defraudación fiscal de carácter relevante, sino que conlleva la extracción de recursos que ya se encontraban en poder del Estado. Se sancionará penalmente a todos los participantes en la devolución correspondiente, incluyendo a los funcionarios públicos.

Semanas atrás, la titular del Servicio de Administración Tributaria, Margarita Ríos-Farjat, detalló el alcance del huachicoleo fiscal: evasión de 354 mil 512 millones de pesos por medio de facturas falsas; de 2014 a junio de 2019 se hallaron 8 mil 204 empresas factureras (que no es todo el universo), que en dicho periodo en conjunto emitieron 8.8 millones de facturas falsas, por alrededor de un billón 600 mil millones de pesos.

Las rebanadas del pastel

Y como no sabe hacer otra cosa, la Coparmex anuncia que se amparará contra la citada ley. ¿Cuántos de sus integrantes recurren a facturas falsas?

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