or diversos medios se han hecho públicos pronósticos sobre la evolución probable del PIB para este 2019 y el año próximo. Prácticamente en todos hay coincidencia en que habrá un crecimiento de entre 0.1 y 1 por ciento. El propio gobierno federal, por conducto de Hacienda, sostiene que el crecimiento este año estará entre 0.6 y 1.2 por ciento y el FMI, en su muy referido estudio sobre la economía mexicana, ha reducido su estimación de 0.9 a 0.4 por ciento. El reconocimiento de que existen problemas internos que, junto con un entorno global claramente cargado hacia una desaceleración generalizada, han abierto el debate sobre la estrategia de desarrollo que está siguiendo el gobierno.
Desde el inicio de su mandato, AMLO estableció lineamientos que condicionan su estrategia económica. Tres principios se señalaron como centrales: primero, mantener las finanzas públicas federales en condiciones de equilibrio presupuestal, es decir, operar con superávit fiscal primario y un déficit financiero de menos de medio punto porcentual. Segundo, en los primeros tres años de gobierno no habría ninguna modificación a la estructura tributaria, es decir, no habría reforma impositiva que incrementara los porcentajes cobrados a los altos ingresos, ni impuestos nuevos. Tercero, no habría endeudamiento público neto, es decir, que la deuda pública como porcentaje del PIB se reduciría cada uno de los años de este gobierno. En el contexto de desaceleración global, urge una revisión critica de estos principios sí es que se quiere alcanzar la meta de reducir la pobreza o aumentar el bienestar.
Junto con estos lineamientos, la estrategia gubernamental se sostiene en programas sociales importantes: jóvenes construyendo el futuro, apoyo a los adultos mayores, jornaleros construyendo futuro, a los que se han dedicado recursos presupuestales significativos. Además, al arranque de 2019 se incrementaron los salarios mínimos significativamente al pasar de 88.76 pesos diarios a 102.86 pesos, un incremento superior a 16 por ciento, y se creó la zona fronteriza en la que se duplicó el salario mínimo.
Con este paquete redistributivo, AMLO ha sostenido la idea de que, aunque el crecimiento de la economía sea raquítico, está habiendo mejorías en el bienestar de la población. Sin embargo, un crecimiento económico raquítico es insuficiente para un gobierno progresista y para un país con tantas carencias.
Pese a estas significativas mejoras, lo cierto es que la economía está en una situación de cuasi estancamiento, provocada por la indudable contracción del gasto público, particularmente el gasto de inversión, por una aguda contracción de la inversión privada y por un entorno externo crecientemente desfavorable, entre otros factores relevantes. Frente a este escenario, la pregunta crucial es: ¿qué está haciendo el gobierno federal? Las medidas que se han anunciado son tan claramente insuficientes que impiden dormir al secretario de Hacienda. Persistir en que la economía va bien es pretender que el país puede sostenerse con ilusiones. Lo que tiene que debatirse y llegar a conclusiones rápidamente es cómo instrumentar una estrategia de desarrollo contundente, que contrarreste el ciclo recesivo que viene de la economía mundial y que inyecte a la economía recursos públicos para dinamizarla.
Voces económicas calificadas, como C. Tello y J.L. Calva, han planteado en estas mismas páginas la urgencia de modificar la estrategia. Es indispensable que la economía crezca aceleradamente, para lo cual hace falta que aumente el gasto público destinado a la inversión.
Crecer para distribuir mejor el resultado del esfuerzo productivo, es la única manera de revertir los impresionantes rezagos sociales que caracterizan al país. Un gasto público mayor, que deberá ser acompañado por incrementos salarial reales significativos, tiene que ser financiado sanamente mediante una reforma impositiva que haga marcadamente progresiva la tributación. Además, la relación entre la deuda pública y el PIB esta en niveles manejables, de modo que hay un margen relativamente amplio para utilizar recursos por medio de emisiones de deuda externa sin que se ponga en riesgo la hacienda pública.
Ésta no es sólo una postura de economistas de izquierda o progresistas, incluso el FMI ha planteado la conveniencia de una reforma tributaria, aunque ha propuesto impuestos inadmisibles.
El dato importante es que es posible que amplios grupos de la población, incluyendo grandes empresarios, reconozcan que es necesario modificar el régimen tributario y que debe hacerse de inmediato. Aun haciéndolo, los impactos en el ingreso público serían perceptible hasta 2021, lo que hace necesario incorporar la otra variable para financiar el incremento en el gasto público: la deuda.
Endeudarse no es en sí mismo inconveniente. Hacerlo sin que se aplique adecuadamente los recursos, como se hizo en el gobierno de Peña, es escandaloso, pero si se destina, como bien señala Tello, al desarrollo social, educación, salud, obras de infraestructura, petróleo, energía, comunicaciones y transporte, la deuda servirá como palanca del crecimiento y, en consecuencia, generará los recursos para su propia amortización.
El asunto está planteado en el debate público. Importa que lo retome Morena y que impulse que la estrategia económica del gobierno se modifique, que se libere de los dogmas neoliberales.
El respaldo popular con el que cuenta el presidente debe aprovecharse para un verdadero cambio de rumbo.
