i bien la masacre en Iguala (bit.ly/2MOjI0f) fue un claro producto de la imperante lógica de la necropolítica en México, la misma constituye también una suerte de “mirador” que pone al desnudo sus “mecanismos de muerte”, demostrando que:
A pesar de diferentes transformaciones, la estructura de poder en México sigue descansando en su vieja facultad: la necropolítica: “la soberanía como el poder de dar vida o muerte” (A. Mbembe); si bien el PRI reconfiguró sus herramientas de dominación y pasó por una profunda mutación siguiendo la evolución del propio capitalismo, sus “fuerzas del orden” lejos de pasar al segundo plano sólo profundizaron su “trabajo de muerte”: Tlatlaya, Iguala, Apatzingán, Nochixtlán o Tanhuato son “lugares-casos” que demuestran que la soberanía en México consiste básicamente “en el ejercicio de un poder al margen de la ley” y donde “la paz tiene el rostro de una guerra sin fin”.
Si por un lado tenemos a los normalistas rurales, “productos” de la Revolución que mantienen la llama de una parte de su legado −oportunidad de educación para los pobres y su concientización−, por otro tenemos al Estado posrevolucionario que trata de deshacerse de este “residuo” rompiendo códigos éticos, flexibilizando el derecho y obrando en un clima de estado de excepción creando cuerpos “torturables” y “desechables” −morenos y pobres−, un proceso alimentado por la basada en odio de clase y raza lógica del llamado “exterminismo”.
La constante demonización y estigmatización de los normalistas, fruto de su activismo político y la sostenida persecución y criminalización por el Estado (“pinches ayotzinapos”, “bandidos manipulados por las guerrillas locas”, etcétera), son parte del clásico proceso de la “construcción del enemigo” en el que la deshumanización (“parásitos inútiles” y “cucarachas”, entre otros) es el paso crucial a convertir el sujeto en un “ser matable” − uccidibile (G. Agamben)− y “exterminable”.
La noción de necropolítica acuñada por Mbembe con ejemplos de Kosovo, Palestina y Sudáfrica (véase: Necropolitics, en: Public Culture, número 15-1, 2003, p. 11-40) bien podría tener a México como uno de sus casos; ésta es en esencia “un amplio abanico de ‘políticas de muerte’ para el control poblacional” que implica no únicamente “el derecho de matar” por el soberano/el Estado, sino también “de exponer a otros −la propia población de un país incluida− a la muerte” y decidir “qué tipo de cuerpos están destinados a ocupar una estrecha franja entre la vida y la muerte”, un modo de ejercer el poder que a menudo pasa a ser camuflado como “emergencia”, “crisis humanitaria” o... “guerra a las drogas” y donde una de sus principales herramientas es la creación de ciertas “zonas de muerte” −pensemos en algunas regiones de México...− donde la muerte misma “es a la vez herramienta de dominación y de resistencia” (sic).
Es precisamente en este sentido que el asesinato, el secuestro, la tortura y la desaparición forzada de los normalistas más allá de su móvil inmediato, se vislumbra también por un lado como una política de disciplinamiento de varones jóvenes de clases subordinadas ante la creciente desigualdad y la privación de derechos y bienes (educación, etcétera) y por el otro, de “limpieza” en el contexto de una sostenida en México “guerra en contra de los jóvenes, de los que ‘sobran’, destinados a ser ‘descartados’ con pretexto de la guerra contra las drogas” (C. Fazio, Sobre los hechos de Ayotzinapa/Iguala..., en: La noche de Iguala..., M. Aguilar Mora y C. Albertani, editorial JP, 2015, p. 74).
La instauración de una grave crisis de seguridad −también conocida como la “guerra al narcotráfico”− un “estado de excepción/emergencia” que se extendió con el tiempo y empezó a considerarse “normal”, ha sido instrumental en esta política de disciplinamiento o “limpieza”, haciendo del narcotráfico no sólo un negocio, sino una herramienta de terror y prolongación ( outsourcing) de la contrainsurgencia, donde los grupos criminales que obran mano a mano con agentes estatales son la cara oculta del Estado ( proxy) y continúan “su trabajo de muerte”.
Así, dado que el crimen organizado es la parte integral del capitalismo tardío −no una “aberración” en sus márgenes−, la masacre en Iguala ( vide: el “quinto autobús”) constituye también una ventana a las entrañas del capitalismo narco y necropolítico “que impone decadentes, pero aceleradas formas de acumulación por desposesión con base en la política de muerte y la economía criminal” (L. Arizmendi, J. Beinstein, Tiempos de peligro: estado de excepción y guerra mundial, PyV/UAZ, 2018, p. 28-29), y expone el “carácter necrófilo” del sistema: la “compulsión por subordinar la vida social al imperativo de la ganancia económica, de convertir lo viviente en oro (la muerte)” (C. Fazio..., p. 80), algo que a su vez nos regresa a Mbembe, que localiza la emergencia de la propia necropolítica en el nacimiento del capitalismo y el tráfico de los seres humanos “convertidos ‘en metal’ y en mercancía” ( Necropolitics...).
Si en la dialéctica Ayotzinapa/Iguala el segundo nombre representa la desaparición y la muerte y el primero toda la historia de resistencia y esperanza, el movimiento que se formó en su torno se vislumbra como “un movimiento antinecropolítico” par excellance (bit.ly/2OT3dCL): por la vida, la verdad y la justicia.
*Periodista polaco
