Las autoridades informaron que por el momento no existe un mandamiento judicial en su contra
Viernes 18 de octubre de 2019, p. 12
El juzgado decimotercero de distrito en materia penal en la Ciudad de México anuló la demanda de amparo que interpuso Ramón Sosamontes contra cualquier orden de aprehensión, debido a que la demanda ha causado ejecutoria, y a que las autoridades informaron que por el momento no existe un mandamiento judicial en su contra.
Esto no significa que no continúen las investigaciones contra el colaborador cercano a Rosario Robles, quien se desempeñó como jefe de oficina de la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Secretaría Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en la administración pasada, ya que como lo publicó La Jornada, la Fiscalía General de la República (FGR) prepara las diligencias para que junto con Emilio Zebadúa, declaren en torno al desvío de más de 5 mil millones de pesos que estaban destinados a programas sociales entre 2013 y 2018.
Según las investigaciones ministeriales, en este periodo ex subordinados de Robles Berlanga firmaron 25 contratos y convenios con sus respectivos anexos, entre la Sedesol y la Sedatu con universidades, así como con sistemas de radio y televisión estatales.
Los dictámenes técnicos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) practicados a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEMor) en 2013 indican que Zebadúa, ex oficial mayor de la Sedesol presuntamente suscribió tres convenios con esta casa de estudios, por 675 millones 305 mil 448 pesos, para distribución de equipo y material de apoyo para la operación de promotores al interior de la Ruta Sin Hambre en 400 municipios marcados como prioritarios por la secretaría.
Asimismo, de acuerdo con las constancias que la FGR dio a conocer durante la audiencia inicial y en la que se vinculó a proceso a Robles Berlanga, Sosamontes Herreramoro, primero como jefe de la Oficina de la secretaria y luego como titular de Comunicación Social de la Sedesol, suscribió dos convenios generales, uno específico y otro de prestación de servicios, con Radio y Televisión de Hidalgo entre 2014 y 2015, para la difusión del programa Cruzada Nacional contra el Hambre, y que causaron un presunto daño al erario federal por 955 millones 311 mil 55 pesos.