En una larga sesión de casi ocho horas, el Senado aprobó ayer reformas en materia de seguridad y justicia, entre ellas una que tipifica como delincuencia organizada el robo de autotransporte federal y otra que obliga al Poder Judicial a hacer públicas todas sus sentencias.

El próximo lunes los titulares de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tribunales y la Fiscalía General de la República se reunirán con senadores de Morena para abordar la reforma al Poder Judicial.

En la sesión de ayer, con 77 votos a favor, siete en contra y cero abstenciones, el Senado aprobó incluir los robos al autotransporte federal de carga, pasaje, turismo, ferroviario y privado en el catálogo de delitos de delincuencia organizada, que ameritarán prisión preventiva oficiosa.

Entre las razones para avalar los cambios se citaron la alta incidencia de este delito, sus violentas formas de actuar y su estructura para perpetrarlo, así como los riesgos y amenaza a la integridad de las personas que se trasladan por carretera, el impacto negativo y las pérdidas económicas que genera en el sector público, privado y en los diferentes procesos económicos.

Sobre el dictamen que obliga al Poder Judicial federal y de los estados a hacer públicas todas las sentencias, el senador Clemente Castañeda, de Movimiento Ciudadano, señaló: Vamos a reducir los márgenes de opacidad del propio Poder Judicial, habrá mayor escrutinio público sobre el comportamiento de los juzgadores y, sobre todo, quienes acuden al Poder Judicial podrán tener claridad y certeza sobre las razones, los argumentos por los que se declaran culpables o inocentes.

Igualmente, por unanimidad, el Senado abrogó la Ley de Seguridad Interior con base en iniciativas de legisladores y el debate en la SCJN sobre la necesidad de dejar sin efecto esa norma, que incluía algunos preceptos inconstitucionales.