Para la Central de Organizaciones Campesinas y Populares, el presupuesto planteado para el 2020 no corresponde a los objetivos planteados por la nueva administración: “consideramos que aún no hay una política pública para el sector que se corresponda con la necesidad de resolver la soberanía alimentaria, incrementar la productividad y apoyar a los productores. Si bien hay una política de precios de garantía, no es para toda la producción ni todos los productores”, comenta José Jacobo Socorro Femat, presidente de la COCyP.

Abunda en los vacíos de la nueva política para el campo: “no hay política para limitar los abusos de distribuidores de insumos que en temporada de siembra incrementan los precios de las semillas y los agroquímicos. No hay política que permita a los productores colocar en el mercado a precios para recuperar la venta de la tierra, el esfuerzo y la inversión. Son los lastres de la economía abierta que necesitamos superar para alcanzar una política de bienestar”.

Integrantes de la Central de Organizaciones Campesinas y Populares COCyP) marcharon por avenida Juárez hacia la Suprema Corte de Justicia.

“Vemos carencias en la relación con la sociedad rural”.

Esos vacíos, considera, también abarcan el aspecto ambiental: “No hay una política integral para conservar la biodiversidad, la tierra, el agua, el aire y la biodiversidad. Si bien hay un planteamiento para impulsar reforestación y hay avances, no representan una planeación integral en todos los aspectos: productivos, de conservación y desarrollo social”.

Uno de los temas que le preocupa a la COCyP es la ausencia de los ejidos en la política pública de la nueva administración. “Vemos carencias en la relación con la sociedad rural. Tenemos una estructura rural integrada por 32 mil ejidos y comunidades o más y los comisariados, que son la estructura reconocida por el artículo 27 constitucional y el artículo 2 de la Ley Agraria, no están contemplados en los programas, no hay estrategia para fortalecer esta estructura que tiene en sus manos más del 50% del territorio que se usa para actividades de abasto alimentario y generación de materias primas”.

Los ejidos tienen tierra, agua, biodiversidad, recursos humanos, mano de obra, infraestructura en bodegas, canales, pero no es suficiente, no hay estrategia de las autoridades, de la Sader, para impulsarlos y generar empleo y capitalizar esas unidades productivas. No veo coordinación adecuada entre las secretarías, Sader, Sedatu, Semarnat, SCT, Economía, Hacienda, para planear las políticas que el gobierno está emprendiendo, no hay articulación, no hay visión clara para aprovechar este potencial. De haberla, en poco tiempo se podría recuperar la capacidad productiva del campo que ha estado abandonada”.

De las 28 millones de hectáreas disponibles para el cultivo solo utilizamos 22.5, las demás se abandonaron porque no hay precios justos, no hay apoyo, la gente migra. El envejecimiento de la población en el campo es reflejo de esa situación. El promedio de edad es de 58 años en los campesinos y los jóvenes no están estimulados para permanecer en el campo. No hay incentivo para que se queden, ha envejecido la planta productiva del campo. No hay políticas para hacerlo atractivo”.

Acerca de qué van a hacer para impulsar sus propuestas, José Jacobo Socorro comenta que ya se están reuniendo con legisladores y especialistas para impulsar una nueva política sectorial. “Vamos a hacer un planteamiento presupuestal, acorde con los problemas de las comunidades; para nosotros el crecimiento productivo tiene que ver con la asistencia técnica, una estrategia de acompañamiento profesional a pequeños y medianos para que aprovechen mejor los recursos, hacer mejores diagnósticos de sus territorios y una planeación a mediano y largo plazos. Vamos a impulsar una estrategia de créditos para que los productores cuenten con suficientes recursos para aprovechar sus capacidades. Que no rebase el 7% de intereses, que no sean requeridas como garantías los bienes inmobiliarios o inversiones, sino la producción o lo que se compre con los créditos. Y que tenga una cobertura de seguros, de precios para que las perdidas por contingencia sean mitigadas y el productor no se vea lastimado. Vamos a impulsar que se garanticen precios justos, que permitan recuperación de la inversión y el esfuerzo. Esto es fundamental para que la economía se levante.

Acerca de la relación del nuevo gobierno con las organizaciones del sector, el dirigente de la COCyP considera que es aún muy limitada y que ha perdido profesionalismo: “si bien hay grupos que tienen acercamiento con algunas secretarías, lo real es que las estructuras de gobierno para el campo no están cimentadas. En el sector agropecuario teníamos los consejos estatales y los distritos de desarrollo rural pero ya no están funcionando. Se sustituyeron con los servidores de la nación, pero eso no es una estructura profesional del campo, quizá en padrones hacen buen trabajo, pero para inversión productiva, diagnósticos, seguimiento, no son convenientes. Vemos esa deficiencia en la Sader, hay que hacer cambios radicales en esa estructura, una vinculación más estrecha. El campo no requiere mucho, solo ser atendido y apoyado en las necesidades que tiene. Queremos un campo vivo, productivo, sustentable, que sea la base de la autosuficiencia y es el momento de armar esta estrategia. Para que escuche nuestra voz”. •