El compromiso asumido por el actual gobierno federal de “impulsar al campo de una manera más equitativa, productiva y sustentable, aprovechando el potencial de sus sistemas más avanzados y rescatando a los sectores que históricamente han sido excluidos permanentemente” no es para nada un reto menor. En México, 49% de la población percibe ingresos inferiores a la línea de pobreza y más de 20% de la población sufre de pobreza alimentaria, es decir, 25.5 millones de personas con carencia de acceso a los alimentos. En las zonas rurales es aún peor: 55% se encuentra en situación de pobreza y 80% de los hogares sufren hambre.

Por ello, con la administración de López Obrador nace una nueva institución del sistema nacional agroalimentario: Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), organismo descentralizado y sectorizado a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), que tiene el objetivo de favorecer la productividad y distribución de alimentos en beneficio de la población más rezagada del país.

Segalmex tiene un desafiante mandato: dar cumplimiento a los artículos 4° y 27° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se refieren a que “toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad” y “el desarrollo rural integral y sustentable […] tendrá entre sus fines que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca”.

De esta manera, el nuevo órgano implementará un gran abanico de acciones. De acuerdo con su decreto de creación, debe coordinar la adquisición de productos agroalimentarios a precios de garantía; la importación de productos agroalimentarios; promover la producción, acopio, abasto, distribución, suministro, industrialización y comercialización de alimentos básicos; y propiciar la venta, distribución o, en su caso, importación de fertilizantes y semillas mejoradas.

En ese conjunto de atribuciones, también es responsable de coordinar el Programa Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos, una de las grandes apuestas del gobierno para el campo. El objetivo de “incrementar el ingreso de los pequeños productores agropecuarios, para contribuir a mejorar su nivel de vida” suena prometedor. Para ello, debería cumplir cabalmente su propósito, que es atender a pequeños y medianos productores de maíz, frijol, arroz, trigo panificable y leche, y que cuenten con precios justos para sus cosechas. Esto significaría, pese a muchos intereses privados, dejar de favorecer a las grandes empresas agroindustriales nacionales y transnacionales, como ha pasado históricamente con este tipo de programas públicos.

Para esa gran misión, Segalmex cuenta con 10 mil millones de pesos en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para 2020. Junto con Diconsa y Liconsa, que ahora forman parte del nuevo organismo, se tendrán 14,434 millones de pesos, lo que equivale al 31.2% del total del presupuesto destinado a Agricultura y Desarrollo Rural (Ramo 8). Pese a la preocupante reducción del 31.4% de los recursos para el Ramo 8 ($21,144 millones de pesos menos), que podría representar un obstáculo para el “rescate del campo”, la estrategia en torno a Segalmex parece ser una agenda prioritaria de este gobierno.

El sistema público de abastecimiento de alimentos es un elemento clave dentro del sistema alimentario de un país. Este debe proveer una oferta estable de alimentos, facilitando su acceso a la población más vulnerable por medio de condiciones solidarias; generar los incentivos necesarios para la producción de alimentos de forma inclusiva, eficiente y equitativa; y resguardar la calidad nutritiva y la inocuidad de los alimentos.

En un país con altos niveles de pobreza y desigualdad como México, los sistemas públicos de abastecimiento alimentario cobran un rol aún más relevante, pues tienen el reto de garantizar el acceso a alimentos de calidad y nutritivos a la población excluida. Además, programas de adquisición de alimentos, como los de precios de garantía, son fundamentales para garantizar un mercado para que la agricultura familiar y pequeñas y medianas empresas puedan vender sus productos a precios justos. De esa manera, se fortalece el vínculo entre compras públicas de alimentos y la agricultura familiar, se promueve el dinamismo de economías locales y abastece los programas de protección social y alimentación escolar.

México requiere un Segalmex que efectivamente enfrente los problemas que apremian a la mayor parte de la población, como el hambre y la desnutrición, la obesidad y la pobreza rural. En ese sentido, el nuevo órgano encargado de la soberanía y seguridad alimentaria del país tiene importantes retos, lo que exige del nuevo gobierno un sustancial compromiso con la población para disminuir brechas históricas de pobreza y de desigualdad en el acceso a alimentos de calidad y a los medios de producción. De igual modo, es imperante una coordinación interinstitucional efectiva, mecanismos de participación y control ciudadano que funcionen, y rendición de cuentas y transparencia proactivas.

La creación de Segalmex nos lleva a mirar a anteriores organismos públicos de similar objetivo e indagar sobre los aprendizajes que han dejado. Para hacerlo mejor, la nueva administración tiene que tener muy claro cuáles fueron los fracasos y éxitos de la antigua paraestatal Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo), de la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (Aserca), que cuenta con casi tres décadas, y de las empresas Diconsa y Liconsa.

De no hacerlo, se incurre en el riesgo de caer en las mismas vicisitudes de antes: redes de corrupción, malversación de recursos públicos, clientelismo, falta de transparencia y rendición de públicas, e irresponsabilidad del Estado como garante de los derechos humanos. Sólo así, aprendiendo de los errores pasados y con una perspectiva de derechos, México tendrá el sistema público de abastecimiento de alimentos que merece y necesita. •