PAN, PRI, PRD y MC presentaron ayer ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación sendas acciones de inconstitucionalidad contra la Ley Bonilla, que extiende de dos a cinco años la próxima gubernatura de Baja California.

En tanto dicha institución resuelve el tema de fondo, pidieron la aplicación de medidas cautelares para que el gobernador electo, Jaime Bonilla, tome posesión el próximo primero de noviembre para un mandato de dos años.

A lo largo de la mañana y tarde, los dirigentes de los partidos de oposición llegaron a las instalaciones de la Corte para impugnar la legislación y confiaron en que los ministros no se dejarán someter al interés del mandatario electo.

Causa común

Entre los argumentos que comparten los demandantes se encuentra que la reforma se aprobó después de los comicios de junio pasado; es decir, cuando el morenista ya había sido elegido para dos años. También que se violó el principio de certeza de las elecciones y se trata de una norma dirigida para beneficiar a una persona. Marko Cortés, dirigente del PAN, dijo que su partido prepara un nuevo recurso que presentará al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ante la posibilidad de que el colegiado estatal confiera a Bonilla una constancia de validez de las elecciones para un periodo de cinco años.

Explicó que en ese caso, el TEPJF tendría que resolver antes del primero de noviembre, pero la Corte podría fallar después de esa fecha, ya que al declarar inconstitucional un artículo simplemente queda sin efecto cualquier hecho relacionado al respecto.

El presidente del PRI, Alejandro Moreno, aseguró que no permitirán que persona alguna imponga sus caprichos por encima de la ley. Insistió en que el cambio normativo impugnado es ilegal y viola el mandato del pueblo, quien eligió un gobierno de dos años.

Ángel Ávila, integrante de la dirigencia colegiada del PRD, expuso a su vez, que la legislación controvertida va en detrimento de la vida democrática y del pacto federal y pone en riesgo todas las conquistas democráticas ganadas a lo largo de 30 años de transición política.

El ex candidato perredista a la gubernatura de Baja California, Jaime Martínez Veloz, señaló que lo que intentan hacer Bonilla y su equipo es de importancia a escala nacional, ya que este precedente sentaría las bases para que en otros estados se pretenda hacer lo mismo.

Clemente Castañeda, dirigente de MC, pidió a la Corte que así como lo hizo con la Ley de Remuneraciones, suspenda la entrada en vigor de la Ley Bonilla hasta que resuelva si es constitucional o no.

El máximo tribunal, en la que confiamos, tiene como tarea defender el orden constitucional, la voluntad popular y la democracia mexicana, puntualizó.

La citada legislación fue publicada el pasado jueves en el Periódico Oficial de Baja California; es decir, más de tres meses después de haber sido aprobada. La Corte es la última instancia en el sistema jurídico mexicano que puede resolver sobre la polémica legislación. Con anterioridad, el TEPJF emitió tres sentencias que confirman una gubernatura de dos años.