El predictamen de ley para regular el uso de la cannabis, que ya comenzó a estudiarse en el Senado, significa un avance respecto a las legislación actuales, pero tiene propuestas deficientes o cuestionables, afirmó Amaya Ordorika, de la organización civil ReverdeSer Colectivo.

Uno de los aspectos criticables, señaló, es limitar a cuatro el número de plantas que un consumidor puede tener, lo cual es absurdo, porque hasta los estándares internacionales más conservadores hablan de seis. En Colombia es de 20 plantas.

De igual forma, el predictamen establece que las asociaciones de consumidores deben tener máximo de 20 miembros, cuando en Uruguay tienen más del doble y aun así nos dicen que es muy difícil sostenerlas económicamente.

Otro punto cuestionable, según Ordorika, es establecer diferencias entre el tabaco y la mariguana en el tema del consumo público, ya que al no haber argumentos de seguridad o de salud que justifiquen ese abordaje distinto, ambas sustancias deberían regularse con la norma de los espacios 100 por ciento libres de humo.

Asimismo, el proyecto de ley indica que se le dará prioridad a los campesinos y comunidades rurales para obtener permisos de siembra, pero al mismo tiempo establece requisitos excesivos para ello, los cuales únicamente podrían ser cubiertos por grandes empresas que puedan hacer inversiones económicas muy cuantiosas.

Excluir del mercado a los campesinos generaría un nuevo acto de marginación contra comunidades que han sido históricamente violentadas, lo que abonaría a una mayor violencia, en vez de a una pacificación de México, como pretende la iniciativa, por lo que al menos en los primeros años, las licencias de siembra deberían otorgarse exclusi-vamente al sector social y no a empresarios, consideró la activista.