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Somete el Info al sindicato del gobierno a escrutinio público
 
Periódico La Jornada
Lunes 21 de octubre de 2019, p. 38

El Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México (Sutgcdmx) tendrá que hacer público el nombre completo de sus 184 mil agremiados, las dependencias donde laboran y la sección sindical que tienen asignada, entre otros datos, de acuerdo con un fallo del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Rendición de Cuentas y Protección de Datos (Info) de la Ciudad de México.

La comisionada Marina San Martín Rebolloso recordó que con la reforma constitucional de 2014 se amplió el espectro de sujetos obligados que deben someterse a un permanente escrutinio público, entre ellos los sindicatos. Mientras de 2006 a 2016 dichas organizaciones no recibieron solicitudes de acceso a la información, en 2018 recibieron 2 mil 810 peticiones de información pública.

Tras la solicitud de información, el Sutgcdmx dio a conocer el número de agremiados; sin embargo, el resto de la información fue canalizada a la Secretaría de Administración y Finanzas.

La ponencia de la comisionada San Martín Rebolloso determinó que el sujeto obligado tiene competencia legal para responder la totalidad de las preguntas de la solicitud, ya que por medio de su comité ejecutivo recaba información pormenorizada, actualizada y completa de los trabajadores de base de cada sección sindical con las altas y bajas, por lo que instruyó a realizar una búsqueda de lo peticionado y favorecer su entrega.

El número de solicitudes hechas a los sindicatos ha crecido gradualmente, ya que en el 2017 únicamente tuvieron 471 solicitudes, lo que representó sólo 0.3 por ciento del total recibidas ese año por este organismo garante, que fue de 145 mil 251. Mientras el año pasado, los sindicatos tuvieron un aumento, al recibir más de 2 mil solicitudes de información pública.

En ese contexto recalcó la importancia de que los ciudadanos ejerzan su derecho de acceso a la información, al tiempo que los sindicatos se conduzcan en un marco de transparencia y rendición de cuentas, sin que ello implique lesionar su autonomía y libertad para organizarse.